- Condena a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación
- Actuaciones acreditadas en la sentencia
- Reacciones del PSOE ante la sentencia
- Valoración de las asociaciones de jueces
Condena a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación
El otro delito por el cual se abrió la investigación, tráfico de influencias, finalmente se ha dejado a un lado al no detectar pruebas sólidas para la condena. Miguel Ángel Gallardo, el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación, el doble, por un delito más de prevaricación.
Actuaciones acreditadas en la sentencia
La sentencia considera acreditadas tres actuaciones que fundamentan la condena por prevaricación administrativa: la creación, en 2017, de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz para David Sánchez; la transformación de ese puesto en el de director de la Oficina de Artes Escénicas en 2022; y la creación, en 2023, de la plaza de coordinador de Centros y Actividades Transfronterizas, que posteriormente fue ocupada por Luis Carrero, a quien el tribunal identifica como una persona vinculada al entorno de David Sánchez.
Reacciones del PSOE ante la sentencia
Tras conocerse la resolución de la Audiencia de Badajoz, el PSOE cerró filas en defensa de David Sánchez y cuestionó abiertamente el fallo judicial. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo «respeta la sentencia, pero no la comparte», mientras que fuentes del Gobierno consultadas por otros medios calificaron de «barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas» la resolución.
En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, denunció que «cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno, pierde la democracia. Perdemos todos«. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, definió la sentencia como una «auténtica barbaridad» y sostuvo que supone «el triunfo de la estrategia de la ultraderecha«. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a calificar el fallo de «albañilería institucional«, sumándose así a las muchas críticas del Gobierno y del PSOE contra la resolución judicial.
Valoración de las asociaciones de jueces
Defensa de la independencia judicial
Las asociaciones de jueces se han pronunciado para Confidencial Digital sobre las críticas que está recibiendo la condena, trasladando su valoración como profesionales del Derecho. Una valoración que no se aleja del respeto a la resolución judicial. «La sentencia es el resultado de un procedimiento con todas las garantías y de una valoración jurídica motivada de hechos y de prueba», afirma Alejandro González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y presidente de Instancia de Palma de Mallorca.
En esta línea, apunta que la independencia judicial —que tan en duda está en estos últimos tiempos— no se mide por quién resulta condenado o absuelto. «No es novedad que somos iguales ante la ley, pese a quien le pese».
Impacto de las críticas políticas en la percepción ciudadana
Tanto Foro Judicial Independiente como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), así como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), coinciden en que las críticas políticas a las resoluciones judiciales no condicionan el trabajo de los jueces, que siguen actuando con independencia y conforme a criterios estrictamente jurídicos. No obstante, advierten de que la descalificación constante de las decisiones judiciales y la atribución de motivaciones políticas a los magistrados sí deterioran la confianza de los ciudadanos en la Justicia. A su juicio, este clima de confrontación deslegitima la separación de poderes, distorsiona la percepción pública del funcionamiento de los tribunales y acaba poniendo en cuestión la independencia del Poder Judicial.
Encuesta sobre percepción de lawfare en España
Hace escasos días, el periódico El País publicó un estudio del Instituto 40dB que reflejaba que más del 65 % de los encuestados en España sentía que había lawfare, mientras que el 11 % no lo percibía de esta manera. Además, el 34 % de los encuestados apuntaba que la tendencia de impartir justicia favorecía a la derecha; el 16 %, a la izquierda; y el 23 % apelaba a la imparcialidad. Ante esta supuesta polarización, el presidente de Instancia de Palma asegura que la polarización no la genera la sentencia, sino «su utilización partidista» o la descalificación de los tribunales en función del sentido del fallo. «Nuestro trabajo es demostrar que no existen espacios de impunidad frente al control judicial, también en asuntos políticamente sensibles».
Respuesta institucional a insinuaciones sobre ideología judicial
Desde Foro Judicial Independiente consideran que no hay una voluntad real de respetar y reforzar la imagen de la independencia del Poder Judicial, como se desprende de las insinuaciones «de que los jueces actúan con arreglo a criterios ideológicos cuando la sentencia no resulta favorable a sus intereses».
Diferencias entre Fiscalía y tribunal
Frente a las críticas del Ejecutivo y del PSOE, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria manifestó su rechazo a las descalificaciones dirigidas por miembros del Gobierno y dirigentes políticos contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz. La asociación advirtió de que se está consolidando un patrón por el que determinadas resoluciones judiciales que resultan incómodas para responsables políticos son respondidas no mediante los cauces legales previstos, sino cuestionando la imparcialidad de los jueces y proyectando, a su juicio, una sospecha injustificada y perjudicial sobre el conjunto de la carrera judicial.
Estas asociaciones coinciden en que se está haciendo una lectura de la sentencia según los intereses partidistas de cada grupo político y reiteran con contundencia que la justicia española actúa con independencia: «es una premisa» y «no hay razón para ponerlo en duda«.
Ponen de manifiesto que la diferencia de criterio entre la Fiscalía, que solicitó la absolución, y el tribunal, que dictó la condena, es una situación normal. «Evidencia que son órganos totalmente distintos y se rigen por criterios de actuación diferentes». En esta línea, Foro Judicial Independiente sostiene que es importante destacar que los jueces son independientes y no reciben órdenes, mientras que la Fiscalía se rige por el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
La Asociación Profesional de la Magistratura comparte con ECD la posición de normalidad que ha adquirido ante dicha discrepancia: «El Ministerio Fiscal formula la posición que considera ajustada a la legalidad y el Tribunal resuelve conforme a derecho de manera independiente. Que existan criterios distintos demuestra que cada institución ejerce su función propia», señalan.
Garantías del sistema judicial y mensaje a la ciudadanía
Desde Foro Judicial Independiente sostienen que el Poder Judicial desempeña su labor con plena independencia y que sus decisiones no están condicionadas por las peticiones de ninguna de las partes, incluida la Fiscalía. Asimismo, consideran que, aunque las críticas políticas no influyen en el trabajo diario de los jueces, sí deterioran la percepción ciudadana de la Justicia al alimentar la idea de que las resoluciones responden a criterios ideológicos y no exclusivamente jurídicos. A su juicio, ese discurso resulta especialmente «peligroso porque deslegitima la separación de poderes» y siembra dudas sobre la independencia judicial.
Aunque las encuestas reflejen la existencia de lawfare en España, los jueces apelan a confiar en el Poder Judicial. «Sus integrantes son profesionales del Derecho independientes que deciden con arreglo a la prueba practicada y criterios jurídicos». No obstante, para poder corregir los errores que se cometan existe un sistema de recursos que garantizan que sus decisiones se pueden revisar en instancias superiores».
Además, la APM lanza un mensaje a la ciudadanía: «Todos somos iguales ante la ley, porque los tribunales seguimos, y seguiremos, garantizando el Estado de derecho«.
