Cuando Pedro Sánchez y Emmanuel Macron firmaron en enero de 2023 el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia pueden que presintieran que era el comienzo de una hermosa amistad, pero lo cierto es que más de tres años después sigue sin ratificarse ese vínculo -por la parte española- y parece que tampoco lo será en el corto plazo. Este jueves, en el Senado, el PP aprovechará su mayoría absoluta para frenar el pacto al considerar que un artículo puede ser inconstitucional, aquel que permite que un ministro de cada país asista cada tres meses a las reuniones del Consejo de Ministros del país vecino. Todo ello pese a que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Francia para limitar estos encuentros a reuniones ‘ad hoc’.
La polémica presencia de un francés en el Consejo de Ministros español, algo que los populares creen que va contra la Constitución, provocó hace más de un año que el Congreso -con el ‘no’ de PP, Vox y UPN y la abstención de Junts y Podemos- rechazara el tratado internacional. Los de Alberto Núñez Feijóo argumentaron entonces que los artículos 13 y 23 de la Carta Magna limitan la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país, así como en el acceso «en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos». Además, se exige el secreto de las deliberaciones en el Consejo de Ministros, una obligación que no aplicaría al invitado francés.
Desde entonces, el Gobierno ha estado tratando de solventar el asunto. El remedio lo encontró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que a través de un intercambio de cartas con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, lograron matizar el asunto. Esa nueva interpretación establece que «esa invitación, cuando tenga lugar, se producirá para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado«. Es decir, en una reunión convocada ‘ad hoc’ y en la que no se tratarán asuntos internos.
Del ‘sí’ al ‘no’
Este cambio sirvió para superar las reticencias de posconvergentes y morados, que dieron su visto bueno al texto en la comisión de Exteriores del Congreso, primero, y en el pleno de la Cámara Baja, después. El Ejecutivo dejó así encarrilada la aprobación del Tratado de Amistad. Sin embargo, el PP sigue en contra del texto. Durante el debate en el Congreso los populares aseguraron que mantiene las mismas dudas sobre su constitucionalidad y que no entienden por qué esa interpretación no se introdujo como una adenda en el Tratado.
Así, este jueves, el PP echará mano de su mayoría absoluta para aprobar en el Senado una solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de este punto en concreto. Los acuerdos internacionales son de los pocos textos legislativos que pueden ser sometidos previamente al control de TC lo que, además, paraliza la tramitación del mismo, como se indica en el reglamento del Senado. De esta forma, el PP elevará la cuestión al tribunal de garantías y el Tratado no se votará.
¿Y ahora qué?
Por lo pronto, una vez el TC reciba el requerimiento y lo acepte a trámite, se abrirá un plazo de un mes para que todos los interesados puedan presentar su opinión fundada al respecto y en los siguientes 30 días el Constitucional deberá emitir su informe. Durante la anterior tramitación, los populares ya elevaron esta solicitud al Constitucional, pero el tribunal descartó la petición al ser rechazado el texto por el Congreso, dado que ya no tenía sentido realizar ese informe.
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