La Fiscalía de Ecuador ha pedido seis años y seis meses de prisión para el expresidente de ese país Lenín Moreno por una trama de sobornos, en la que habría recibido un apartamento en La Cala de La Vila Joiosa. Moreno, que presidió el gobierno ecuatoriano entre 2017 y 2021, está acusado de cohecho. El fiscal del caso, Carlos Alarcón, sostiene que el exmandatario recibió sobornos de la empresa estatal china Sinohydro a cambio de la adjudicación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor obra de infraestructura del país sudamericano, en la época en la que ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno de Rafael Correa. El apartamento en la provincia de Alicante habría sido uno de estos sobornos.
La petición de cárcel no solo se dirige contra el expresidente, ya que también se reclama la pena de seis años y medio para su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, y otros 17 encausados, entre los que figura el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Según la tesis de la Fiscalía, la constructora asiática repartió un total de 76 millones de dólares (unos 70 millones de euros) en comisiones ilegales. De ese montante, el entorno familiar de Lenín Moreno se habría embolsado algo más de un millón de dólares. Tras casi dos meses de vista oral contra 21 personas en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal anunció la retirada de la acusación contra una de las procesadas, al no apreciar pruebas suficientes de su participación como cómplice.
La conexión con la Marina Baixa
El llamado caso Sinohydro estalló en 2019 tras una investigación del portal periodístico La Fuente, que desveló un complejo entramado societario internacional, que situaba una de las principales pruebas de cargo en la provincia de Alicante: un piso de lujo y su mobiliario, valorados en unos 220.000 dólares, ubicado en la urbanización El Mirador de La Cala, en el término municipal de La Vila Joiosa. La vivienda se encuentra en una zona en la que proliferan este tipo de complejos residenciales, con edificios de hasta once alturas. En un espacio muy reducido, confluyen hasta tres términos municipales distintos: Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa. Al encontrarse en una zona muy próxima a la de Poniente de Benidorm, la que ha concentrado las principales nuevas promociones, se trata de inmuebles muy cotizados.
La investigación judicial apunta a que la adquisición de este inmueble en la Marina Baixa no fue una operación convencional, sino el destino final de una red de blanqueo de capitales. El dinero de las comisiones de la constructora china habría saltado desde la sociedad INA Investment Corporation, constituida en el paraíso fiscal de Belice por un hermano del expresidente, hasta cuentas del Balboa Bank de Panamá.
Lenin Moreno, en el centro, asiste junto a su esposa Rocío González, tercera por la derecha, a la Corte Nacional de Justicia este jueves, en Quito. / José Jacome (Efe)
Desde el país centroamericano se ordenaron dos transferencias al vendedor español por un total de 133.400 euros bajo el concepto explícito de «pago apartamento«. Para ocultar el nombre de Lenín Moreno en el Registro de la Propiedad, la trama utilizó presuntamente a terceros: la gestión final se formalizó en una notaría de Madrid a nombre de la esposa de un amigo íntimo del exmandatario. La conexión se cerró cuando desde esa misma cuenta panameña se abonaron más de 19.000 dólares a una tienda de antigüedades en Suiza para adquirir alfombras y muebles de lujo destinados a la residencia de Moreno en Ginebra.
Reparto familiar y multas
Además del piso, la Fiscalía sostiene que la trama empleó el resto de los fondos en beneficio del clan familiar. Los hermanos del expresidente, Edwin y Guillermo Moreno, habrían percibido 350.000 y 10.000 dólares respectivamente, mientras que su hija Irina habría recibido 50.000 dólares. El grueso de los sobornos, unos 44 millones, habría ido a parar a la red de empresas de Conto Patiño, amigo íntimo del político y presunto intermediario de la trama.
Además de las penas de prisión, el fiscal ha solicitado al tribunal la inhabilitación de los acusados para ejercer cargos públicos y la prohibición de contratar con el sector público, así como la suspensión de sus derechos de participación política. Asimismo, reclama la imposición de una multa y el pago de una indemnización por reparación integral al Estado. En el plano simbólico, la acusación pide que los procesados ofrezcan disculpas públicas y que se instale una placa anticorrupción en las instalaciones de la propia central hidroeléctrica.
A la espera de que concluyan los alegatos finales de la abogacía del Estado y de las defensas, el tribunal iniciar la deliberación y redactar la sentencia. El expresidente Moreno, que por motivos de salud y de movilidad reducida fue eximido de comparecer físicamente al inicio del proceso y ha seguido las sesiones por videoconferencia, estuvo presente en la sala durante esta última jornada de conclusiones. Moreno siempre ha defendido su inocencia alegando que el proceso judicial es una «venganza» de su antiguo aliado, Rafael Correa, por haber desmantelado el movimiento correísta durante su mandato.
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