El grupo municipal de Més per Marratxí ha denunciado un presunto trato desigual por parte del alcalde, Jaume Llompart (PP), hacia varias familias que se encontraban en una situación similar tras tener que abandonar viviendas municipales por decisión o actuación del Ayuntamiento.
Según la formación, llegar a esta conclusión ha requerido más de ocho meses de solicitudes de información, reiteraciones e incluso una impugnación, además de ofrecerse a consultar el expediente de forma presencial. Més asegura que la documentación ha llegado de manera fragmentada e incompleta, dificultando su labor de fiscalización como grupo en la oposición.
Tras analizar parte del expediente, Més considera que la documentación sí justifica el desalojo de las viviendas de Gómez Ulla para ejecutar una futura promoción de vivienda protegida, pero no explica por qué estas familias han recibido una solución más favorable que las de Sant Alonso.
“Estamos hablando de dos realidades muy similares que han recibido respuestas completamente diferentes. Las familias de Gómez Ulla tienen hoy viviendas nuevas del IBAVI con contratos de alquiler de siete años, mientras que las de Sant Alonso continúan en alojamientos de emergencia, temporales y condicionados”, ha afirmado la portavoz de la formación, Aina Amengual.
La formación recuerda que, cuando se formalizó el convenio con el IBAVI para destinar cinco viviendas a las familias de Gómez Ulla, el Ayuntamiento ya conocía la situación de Sant Alonso, cuyo desalojo se había producido meses antes. Sin embargo, aseguran que no consta ningún informe que compare ambos casos ni que justifique la diferencia de trato.
Més también pone el foco en el régimen de permanencia. Mientras que las familias de Gómez Ulla cuentan con contratos de alquiler de siete años en viviendas protegidas, desde el consistorio se habría advertido a una familia de Sant Alonso de que su continuidad en una vivienda de emergencia podría depender de la mejora de su situación económica. En dicha reunión también estuvieron presentes la portavoz de la PAH, Àngela Pons, y la propia Amengual.
“Si la situación económica es un criterio para mantener una vivienda de emergencia, no entendemos por qué no se aplica el mismo criterio en el caso de Gómez Ulla”, ha añadido la portavoz.
La formación insiste en que no cuestiona el realojo de las familias de Gómez Ulla, sino que reclama que se expliquen los motivos por los que no se ofreció una solución similar a las de Sant Alonso.
Asimismo, Més denuncia la falta de transparencia del equipo de gobierno, al señalar que desde noviembre de 2025 ha solicitado reiteradamente acceso a la documentación sin obtenerla completa hasta junio de 2026. Incluso, asegura, se rechazó la posibilidad de consultar el expediente in situ respetando la normativa de protección de datos.
“Los concejales no perdemos nuestros derechos por estar en la oposición. La ley nos reconoce el derecho a acceder a la información necesaria para fiscalizar la acción del gobierno”, ha señalado Amengual.
Finalmente, la portavoz ha reclamado explicaciones públicas al alcalde sobre esta diferencia de trato y ha insistido en que, en materia de vivienda pública, todas las decisiones deben regirse por criterios de igualdad, objetividad y transparencia.
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