El acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox para garantizar la investidura de Moreno Bonilla supone un giro político sin precedentes en Andalucía. El documento, compuesto por 150 medidas, incorpora buena parte del programa de la extrema derecha y dibuja una hoja de ruta que afecta a ámbitos tan diversos como la inmigración, la educación, la memoria democrática, la fiscalidad o el modelo de prestación de los servicios públicos.
Aunque la denominada «prioridad nacional» se ha convertido en el símbolo del pacto por su alcance político y jurídico, el documento va mucho más allá. Incluye compromisos para ampliar la enseñanza concertada, reducir la financiación a sindicatos y organizaciones sociales, eliminar programas educativos dirigidos al alumnado de origen migrante y sustituir la actual Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia.
El acuerdo, que ha permitido la entrada de Vox en el Ejecutivo andaluz, reproduce buena parte de los pactos firmados anteriormente por ambas formaciones en otras comunidades autónomas.
Prioridad nacional e inmigración: el eje del acuerdo
La política migratoria constituye uno de los capítulos más extensos del documento. PP y Vox se comprometen a aplicar el principio de «prioridad nacional» como criterio preferente en el acceso a ayudas, subvenciones y políticas públicas gestionadas por la Junta, una exigencia que Vox había situado como condición indispensable para facilitar la investidura.
El acuerdo también plantea un rechazo expreso al reparto estatal de personas migrantes y de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, además de promover acuerdos internacionales para favorecer el retorno de estos menores a sus países de origen junto a sus familias.
Entre las medidas figura igualmente la realización de pruebas de determinación de edad a quienes aseguren ser menores de edad con el objetivo, según el texto, de evitar «fraudes» y el colapso de los servicios públicos.
El pacto incorpora además el compromiso de fiscalizar anualmente todo el gasto público vinculado a la inmigración y de eliminar las ayudas, convenios o conciertos con organizaciones sociales que, según el documento, «faciliten o sostengan la inmigración ilegal o cooperen con las mafias del tráfico de personas». La prohibición del uso del burka y el niqab en edificios y servicios públicos autonómicos completa un bloque que sitúa el control migratorio como una de las principales prioridades del futuro Gobierno andaluz.
La incorporación de la «prioridad nacional» también abre un posible conflicto con el Ejecutivo central. El Gobierno ya ha advertido de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que considere discriminatoria o contraria al principio de igualdad, al entender que podría afectar a la distribución de fondos estatales destinados a políticas de integración social.
Más concertada, menos memoria democrática y recortes de ayudas
El pacto también introduce cambios de calado en educación. Uno de ellos es la concertación progresiva del Bachillerato, priorizando además la Formación Profesional y la Educación Especial a partir del curso 2027-2028.
A esta medida se suma la desaparición del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que la Junta dejará de respaldar al considerar que debe evitar cualquier forma de «adoctrinamiento» o «injerencia extranjera» en las aulas. Otra de las medidas de mayor carga ideológica es la sustitución de la actual Ley de Memoria Democrática por una nueva Ley de Concordia, una reivindicación histórica de Vox que ya ha impulsado en otros territorios donde gobierna junto al PP.
El acuerdo contempla igualmente una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades privadas que, según el texto, no acrediten una utilidad pública «objetiva«. Esta medida supone una de las principales modificaciones en el sistema de financiación de organizaciones sociales impulsadas desde la Junta.
Rebajas fiscales y revisión de las políticas ambientales
En materia económica, PP y Vox pactan una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros y se comprometen a continuar reduciendo la presión fiscal durante toda la legislatura.
El documento también prevé eliminar los tres impuestos autonómicos de carácter medioambiental actualmente vigentes, sobre bolsas de plástico, emisiones de gases y vertidos al litoral, además de reducir progresivamente un 50% las tasas autonómicas que afectan a actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas y pesqueras.
En paralelo, el futuro Ejecutivo revisará la Ley andaluza de Cambio Climático con el objetivo de eliminar aquellas medidas que, según el acuerdo, supongan costes o restricciones para los sectores productivos.
El texto incorpora además el compromiso de suprimir el gasto público destinado a lo que denomina «agendas ideológicas«, reorientando esos recursos hacia políticas hidráulicas, prevención de incendios, infraestructuras agrarias e innovación.
Junto a estas medidas, el acuerdo introduce nuevas deducciones fiscales para familias con hijos, familias numerosas, personas con ELA y gastos educativos, reforzando el componente económico del pacto. En conjunto, el documento refleja la influencia de Vox en la configuración del nuevo Ejecutivo andaluz y supone un cambio significativo respecto a la legislatura anterior.
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