Hace decenios que en torno al ente público empresarial Correos planean la sombra de la privatización y las amenazas en forma de competencia salvaje y marco legal hostil. Desde los tiempos en que el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, era director general ya fue necesario aplicar medidas oportunas para calmar ánimos internos; mucha negociación, y pertrechar medidas para demostrar de manera continua el apoyo público a una empresa pública, que da empleo a 48.000 personas.
La plantilla de Correos siempre ha vivido en ese marco de angustia, que como contrapartida ha cimentado siempre altos niveles de movilización laboral y sindicatos con más peso interno que en otras organizaciones. El último espaldarazo público a Correos en su misión de consolidar su posición en el mercado defiende devolver su relevancia pública restada en años pasados y resucitar su papel como ente bancario con elevada red de oficinas. Aseguraba el actual presidente de Correos, Pedro Saura, que el contrato-programa será clave para diversificar la actividad y reforzar el servicio público. Sobre el papel, el contrato programa es un paso adelante.
El contrato-programa de Correos con el Estado aprobado en vigor hasta 2030 regula las condiciones de prestación de los servicios de interés económico general asignados a la empresa postal pública. En concreto, el contrato-programa plurianual concreta las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General asignados por la ley a Correos, que abarcan cuatro grandes bloques. Estos son los de accesibilidad a las comunicaciones postales, mediante la puesta a disposición de la red de oficinas y demás puntos de atención en el ámbito rural; accesibilidad a servicios financieros básicos, como el acceso a efectivo en municipios de menos de 500 habitantes; el acceso universal a servicios administrativos de la AGE y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que requiera en situaciones de seguridad o emergencia.
Deuda pública y certificado digital
Correos ya presta algunos de estos servicios, como la gestión material de los procedimientos habilitados para la regularización de inmigrantes, la aceptación de solicitudes administrativas y su posterior transmisión a la Administración o la retirada e ingreso de efectivo a través de Correos Cash. No obstante, a raíz de este contrato-programa, la empresa pública reforzará su papel como ventanilla única de la Administración, ofreciendo próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital a través de sus oficinas. Recibiría 250 millones por el servicio postal universal y otros 150 millones por nuevos servicios.
Banca pública al alcance de todos
La idea es transformar Correos en lo que nunca debió dejar de ser, ventanilla única de la Administración y banca pública al alcance de todos. Estaría bien que Correos fuera capaz de devolver el trato humano al ciudadano, aunque sea sin café gratis, y que sus profesionales vuelvan a entablar las relaciones con el prójimo más allá de objetivos de venta y colocación de productos financieros, práctica que la banca comercial ha asumido siempre envolviendo su intermediación interesada como asesoría. Los más mayores podrían tener en Correos un aliado financiero tradicional, temible para la competencia financiera en tiempos de banca electrónica y recorte de plantillas y oficinas.
Trato a la plantilla
Pero a pesar de los planes atractivos planteados la eterna asignatura pendiente de Correos sigue siendo el trato a la plantilla y sus condiciones laborales. Los sindicatos pidieron un «cambio de rumbo» y «avances» para un grupo de profesionales que siempre se ha considerado el patito feo de la Administración. La historia del organismo confirma que animada por altibajos en la actividad, la competencia elevada, la transformación tecnológica y el cambio en los hábitos de los ciudadanos el modelo laboral se asentó en la precariedad. El nuevo marco legal de Correos deberá enmendar la situación con la implantación de la jornada de 35 horas, la convocatoria de ofertas de empleo suficientes, la reducción de la temporalidad, la conversión de la parcialidad en empleo a tiempo completo y la garantía de que no se aplique cualquier fórmula de reducción encubierta de plantilla.
Correos debería ser ejemplo del modelo laboral a seguir en la Administración y de cualquier gran empresa. Pero la temporalidad estructural de Correos está en torno al 25%, que afecta a más de 30.000 trabajadores; 5.000 personas con contrato a tiempo parcial pese a que se realizan alrededor de 250.000 horas complementarias y otras 250.000 extraordinarias al año. Queda por ello mucho por hacer y quizá poco tiempo para abordar las reformas. Según pregunta parlamentaria de Sumar presentada este junio, «la dirección de Correos no ha repuesto los 4.000 puestos perdidos, manteniendo políticas de «contratación cero» que elevan el absentismo laboral al 12% por la sobrecarga de trabajo». Las huelgas convocadas esta semana en varias autonomías son efecto de esta situación. La firma de un nuevo contrato programa debería dar seguridad a todo Correos y también a su plantilla, siempre marcada por una gran profesionalidad. Compromisos y negociación deberían ser la hoja de ruta de una entidad histórica y fundamental y de cuya pervivencia depende en gran medida la cohesión interna del país.
