Un tribunal estadounidense da al traste con las pretensiones del fondo Blasket, que pretendía embargar activos de empresas vinculadas a la selección española de fútbol durante el Mundial para cobrar los 47 millones de euros (unos 41 millones de euros al cambio actual) que le debe el Estado español por el recorte de las primas a las renovables en 2013.
El juez de la corte del distrito de Columbia John D. Bates admite que Blasket puede buscar activos embargables vinculados a España, pero considera que no existen pruebas de que la Federación Española de Fútbol o la selección sean ‘alter egos’ del Estado español.
«Blasket no ha presentado pruebas de que España ejerza un control suficiente sobre su federación y selección nacional de fútbol como para considerarlas extensiones del Estado. Además, el Tribunal no tiene motivos para creer que las entidades con sede en Estados Unidos que prestan servicios a la selección española de fútbol posean información sobre los bienes que el equipo o su federación mantienen en nombre de España», concluye la resolución.
El litigio se remonta al recorte del Gobierno de Mariano Rajoy a las primas a las renovables. Hasta 2013, estas instalaciones recibieron una serie de ayudas para fomentar su construcción, que a partir de ese año se redujeron de forma retroactiva. Este cambio en las ‘reglas de juego’ llevó a muchos inversores internacionales, propietarios de plantas eólicas y solares, a denunciar al reino de España ante organismos internacionales como el Ciadi (dependiente del Banco Mundial).
Blasket fue uno de los fondos que acudió al Ciadi y obtuvo un laudo arbitral por este tribunal que le reconocía que debía ser compensado con 47 millones de dólares. Tras la negativa de España a abonar dicha cantidad, el fondo inició un proceso para rastrear activos del Estado español en Estados Unidos y, así, confiscarlos. Y comenzó a emitir citaciones a empresas estadounidenses que prestan servicios a la selección nacional en el Mundial.
España pidió anular o modificar esas citaciones al considerar que son «excesivamente onerosas» y «acosan» a su equipo de fútbol y a su federación al exigir información sobre sus finanzas que considera «irrelevante» para poder cobrar la deuda. Y el juez le ha dado la razón, al resolver que «la federación de fútbol y la selección nacional no son ni el Estado español ni alter egos del Estado español» y, por tanto, la información financiera de ambas «no es relevante» para que se ejecute la sentencia contra España.
Blasket también solicitó incluir «todas las transacciones del Banco de España», pero el juez sostiene que esta entidad «no debería considerarse como parte de la definición de España».
España acumula 27 laudos internacionales pendientes de pago, que ha provocado una ofensiva de los fondos para solicitar el embargo de bienes y activos españoles en distintos países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido o Singapur. «Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes», señalan fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por King & Spalding.
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