La central nuclear de Almaraz afronta un momento clave para su futuro. Clave para que haya futuro… o para directamente para no tenerlo. Y las próximas semanas van a ser cruciales a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las condiciones de seguridad que exigirá a la planta para seguir funcionando hasta 2030.
Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. El Ejecutivo reenvió la solicitud de las grandes eléctricas al CSN como responsable de analizar las exigencias de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento.
El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, solo dos meses antes del cierre programado del primer reactor de Almaraz, según el reglamento vigente. Sin embargo, el regulador está ya en la recta final del proceso y ultima la aprobación del esperado informe en las próximas semanas. Pero el organismo va a dar pasos relevantes ya esta misma semana.
Reunión técnica esta semana
Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, a falta de los últimos detalles, están a punto de cerrar el informe sobre la petición de ampliación de la autorización de Almaraz. Esta misma semana la cúpula del CSN está convocada a una reunión técnica informativa sobre el expediente de la prórroga de la central cacereña, en la que los técnicos expondrán el contenido del esperado informe para que los consejeros lo conozcan de forma anticipada antes de tener que votar su aprobación, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de la evolución del proceso.
La Comisión de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, uno de los órganos técnicos del consejo, está convocada para el próximo 24 de junio. Y en ella los técnicos darán a conocer las condiciones de seguridad que proponen reclamar a las eléctricas propietarias de Almaraz. Una vez celebrado este encuentro previo, la previsión es que el informe se eleve para su estudio y aprobación por la cúpula del CSN en el pleno programado para el próximo 1 de julio. Ésa será la primera vez que los consejeros del regulador estudien formalmente el expediente.
Sin embargo, muy previsiblemente ése no será el día en que el CSN apruebe el informe sobre Almaraz. Los consejeros tienen derecho a pedir hasta dos aplazamientos en la votación de expedientes si tienen alguna duda técnica y para estudiar en profundidad su contenido. Varias fuentes dan por hecho que eso es lo que ocurrirá en el caso del informe de Almaraz y que la votación de la aprobación se retrasará al menos una semana (hasta el pleno del 8 de julio) o incluso dos (hasta el cónclave del día 15).
Las compañías eléctricas dan por hecho que el CSN no establecerá nuevas condiciones adicionales de seguridad para ampliar el funcionamiento de Almaraz ni les obligará a ejecutar grandes inversiones extra para continuar tres años más en marcha. Las dueñas de la central confían en que el dictamen básicamente confirmará que la planta ya cumple con todos los requisitos para mantener la operación hasta 2030 (la última revisión periódica de seguridad para Almaraz, ejecutada por el CSN en 2020, ya extiende su vigencia precisamente hasta 2030).
Fuentes internas del Consejo de Seguridad Nuclear también anticipan que es más que probable que el informe no plantee nuevas condiciones de seguridad que supongan un problema para las compañías propietarias ni ponga en cuestión la viabilidad de la ampliación por suponer inversiones exageradas en seguridad. Portavoces oficiales del CSN rehusan a hacer comentarios sobre el contenido del futuro informe.
Doble embrollo de plazos
Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear apruebe su informe, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá la última palabra para aprobar o no la ampliación de la prórroga. Pero la respuesta tendrá que ser rápida a riesgo de que se produzca un lío de plazos legales y administrativos por lo apretado de los tiempos de la solicitud de las eléctricas y del cierre programado para el reactor Almaraz I, cuya licencia actual establece que debe dejar de funcionar el 1 de noviembre de 2027 (en el caso de Almaraz II el plazo se extiende al 31 de octubre de 2028).
El embrollo de los tiempos es doble. Por un lado, con carácter general el Gobierno dispone de un plazo de seis meses para resolver procesos administrativos desde la presentación de la solicitud. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica emitió una resolución para suspender el plazo de ejecución, y en principio dispondría ya de poco más de dos meses desde que el CSN le remita su dictamen. No obstante, el Ejecutivo puede volver a congelar los plazos si lo considera necesario y pide más información a las compañías.
Por otro lado, si el Gobierno no formaliza su ‘ok’ a prorrogar la licencia de Almaraz antes de que finalice el próximo mes de octubre, las eléctricas propietarias de Almaraz estarán obligadas a iniciar el proceso de cese del reactor I de Almaraz. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de las centrales nucleares deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos con un año de antelación de que expire la autorización. Y en el caso de Almaraz I tendrían que hacerlo antes del 1 de noviembre.
Así que si el Ejecutivo no se pronuncia antes de ese plazo, se entraría en una fase en que de facto estarían de nuevo en marcha el análisis de la ampliación y también el proceso para preparar el cierre en la fecha actualmente prevista. Las eléctricas enviarían la documentación de cese de explotación al Gobierno, éste al CSN, y el supervisor puede acabar reactivando el expediente de cierre de Almaraz después de haberse pronunciado ya avalando su continuidad.
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