El auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha provocado un terremoto político y judicial. No sólo porque esta es la primera vez que se sentará en el banquillo la pareja de un presidente del Gobierno, sino porque el juez Juan Carlos Peinado ha metido la pata al insinuar, para justificar la retirada del pasaporte, que los policías que hacen de escolta de Gómez podrían colaborar en su fuga, bien por iniciativa propia o por ordenes superiores.
El auto ha dado alas a la teoría de la conspiración. Diana Morant, ministra de Ciencia, se ha sumado al dúo cañero de los dos Óscares, los ministros de Transportes y de Trasformación Digital, en su empeño por argumentar una conjura para hacer caer al Gobierno por métodos antidemocráticos. Morant ha dicho que el juez Peinado le está devolviendo el favor a Ayuso por tener empleada a su hija. Es decir, le está acusando de prevaricación, algo que debería llevarla a poner una denuncia, si es que se lo cree. Los servidores públicos están obligados a denunciar un delito si tienen indicios de que se ha cometido.
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El presidente Sánchez, imagínense cómo se ha puesto, ha dado la orden de salir a pelear contra la fachosfera. La «contraofensiva» será terrible, apuntan en Moncloa.
Yo les recomendaría calma. El auto de Peinado tiene ese error garrafal que ha supuesto la respuesta unánime, incluso de los sindicatos menos afines al Gobierno, en defensa de la profesionalidad de los agentes de policía. Y tienen toda la razón. Habrá excepciones, pero los policías cumplen con su función y se juegan la vida por ello. Un respeto.
Si tan convencidos están en el Gobierno de que el juez es un prevaricador, ¿por qué no le denuncian?
Ahora bien, los fundamentos para la apertura del juicio oral son sólidos. La clave del auto está en que Begoña Gómez consiguió un ascenso en su carrera profesional gracias a su «cercanía» al presidente del Gobierno. Prueben ustedes a conseguir una cátedra sin ser licenciado en la Complutense, o a pedir dinero a grandes empresas, o a que el rector de la Universidad les visite en su domicilio para tratar sobre los temas de esa cátedra y verán como no lo consiguen por muy listos o listas que sean.
Que Begoña Gómez se ha aprovechado de que su esposo es el presidente, incluso que se ha aprovechado en exceso al quererse apropiar del software de la aplicación que se desarrolló para la cátedra de Transformación Social Competitiva, es un hecho. Que sea o no delito, eso lo tiene que determinar la Audiencia Provincial de Madrid, que, hasta el momento, ha avalado la instrucción de Peinado. Le ha parado los pies en algún momento, como cuando pidió todos los correos de Gómez desde 2018 hasta la fecha, o como cuando pidió imputar al rector de la UCM o al delegado del Gobierno en Madrid. Pero, en lo esencial, le ha respaldado y ha rechazado el archivo de la causa, como pedían las defensas y la Fiscalía.
Es histórico que la esposa de un presidente se siente en el banquillo, pero hay quien quiere fusilar al juez por sobrepasarse en la argumentación para justificar las medidas cautelares.
Peinado ha dado argumentos a los conspiranóicos, pero los delitos que el juez le atribuye a la esposa del presidente no son humo, ni fruto de su mente calenturienta.
La batalla se ha abierto en todos los frentes. Desde el político, además de las declaraciones ya mencionadas se están produciendo otras off the record de otros miembros del Gobierno que no quieren quedarse atrás en el afán de darle leña al mono; al judicial, con esa reunión de urgencia de la Permanente del CGPJ que el lunes decidirá sobre la posible sanción disciplinaria al juez.
El ruido por la imprudencia del juez pretende no sólo opacar la gravedad de los hechos que se le imputan a Begoña Gómez, sino que tape en la medida de los posible los otros escándalos que salpican al presidente del Gobierno. Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo está a punto de emitir su sentencia sobre el ex ministro Ábalos y su asistente Koldo García. Además de los otros procesos siguen su curso en la Audiencia Nacional.
Si tan convencidos están en Moncloa de que Peinado es un prevaricador, que le denuncien. Si no lo hacen e insisten en sus descalificaciones, el CGPJ debería salir en defensa de su honorabilidad. Él también, como los policías, merece un respeto.
