- Recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento de extinción
- Argumentos y denuncia de irregularidades por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco
- Recursos adicionales presentados ante tribunales superiores
- Posición institucional y defensa de derechos fundamentales
- Denuncia de una interpretación ideológica excluyente de la historia de España
- Defensa de las libertades y el pluralismo en el debate histórico
- Rechazo a la censura y a la imposición de una versión oficial única
- Perspectivas judiciales y posibles movilizaciones futuras
Recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento de extinción
La fundación considera que el procedimiento impulsado por el Gobierno para promover su extinción constituye un ataque a derechos fundamentales, por lo que agotará todas las vías judiciales para defender su continuidad. En ese contexto, no descarta organizar actos y movilizaciones si los tribunales terminan avalando su desaparición.
La reacción de la fundación se produce después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el Ministerio de Cultura el pasado 14 de abril, fecha en la que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, concluyó el expediente administrativo destinado a promover judicialmente la extinción de la entidad.
Argumentos y denuncia de irregularidades por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco
En la resolución recurrida, el titular de Cultura ordenaba la actuación del Protectorado de Fundaciones para informar favorablemente la extinción de la fundación.
Sin embargo, la fundación sostiene que el procedimiento está “lleno de irregularidades”, entre las que cita una supuesta caducidad del expediente y la denegación del testimonio de siete historiadores e investigadores propuestos por la propia entidad.
Recursos adicionales presentados ante tribunales superiores
Además del recurso admitido a trámite por la Audiencia Nacional, la fundación recuerda que también ha presentado otro recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, igualmente admitido a trámite.
Posición institucional y defensa de derechos fundamentales
Fuentes de la Fundación Nacional Francisco Franco han explicado a Confidencial Digital que la entidad mantiene su confianza en los tribunales, aunque advierten de que, si finalmente la Justicia respalda la ilegalización, estudiarán una respuesta pública para expresar su rechazo a una decisión que consideran injustificada.
La entidad presidida por el general de Infantería de Marina Juan Chicharro considera que la resolución ministerial vulnera “derechos y garantías constitucionales esenciales”, al pretender utilizar mecanismos administrativos para promover la desaparición de una organización legalmente constituida que, según defiende, lleva cincuenta años desarrollando actividades de divulgación sobre la historia reciente de España.
Denuncia de una interpretación ideológica excluyente de la historia de España
La fundación sostiene que la actuación del Gobierno se fundamenta en una “interpretación ideológica y excluyente de la historia de España”, incompatible, a su juicio, con los principios de pluralismo político e intelectual propios de una sociedad democrática.
Según trasladan fuentes de la entidad a ECD, el Ejecutivo estaría tratando de imponer una determinada visión histórica mediante instrumentos administrativos y judiciales.
Defensa de las libertades y el pluralismo en el debate histórico
La fundación argumenta que libertades como las de expresión, asociación, investigación histórica, cátedra, reunión e ideológica, constituyen pilares básicos del Estado de Derecho y que deben ser garantizadas, con independencia de las opiniones o interpretaciones históricas que sostengan ciudadanos y entidades.
“La libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de investigación histórica, la libertad de cátedra, la libertad de asociación y el derecho de reunión, constituyen pilares esenciales del Estado de Derecho, que deben ser protegidos para todos los ciudadanos”, sostiene la fundación, que defiende que su actividad se encuentra amparada por la Constitución.
Rechazo a la censura y a la imposición de una versión oficial única
Desde la organización insisten en que el debate sobre la historia de España no debe resolverse mediante la “censura”, la “proscripción de ideas” o la eliminación de entidades legalmente constituidas, sino a través del libre intercambio de opiniones, investigaciones y argumentos dentro de una sociedad abierta y plural.
La fundación también reivindica el derecho de cualquier ciudadano, asociación, fundación o partido político a expresar libremente sus convicciones y análisis históricos dentro de los límites establecidos por la ley, sin odio, humillación o vejación hacia terceros, y rechaza lo que considera la imposición de una versión oficial única de los acontecimientos históricos.
Perspectivas judiciales y posibles movilizaciones futuras
La admisión a trámite del recurso por parte de la Audiencia Nacional abre ahora una nueva fase judicial, en un proceso que enfrenta al Gobierno y la Fundación Nacional Francisco Franco. El desenlace dependerá de las resoluciones que adopten los tribunales en los próximos meses, mientras la entidad asegura que continuará defendiendo su existencia tanto en los juzgados como, llegado el caso, en la calle.
