Seis días después de que más de 70.000 personas entraran en Ceuta, desatando la peor crisis migratoria que se recuerda en la ciudad autónoma, todavía quedan cientos de niños solos en territorio español que pasan las noches en la calle. Los recursos de acogida de menores migrantes del Gobierno ceutí están totalmente colapsados, y mientras se avanza en las tareas de identificación y se espera a que abran más recursos, las oenegés y las autoridades ceutíes se apresuran a identificar a todos esos menores que no han vuelto a Marruecos para determinar si pueden regresar con sus familias o son las autoridades españolas quien deben tutelarlos.
Elvira Pérez de Madrid, responsable jurídica de Sur Acoge y una de las trabajadoras de la entidad que se encuentra en la ciudad autónoma, explica que estos últimos días están «repasando las calles» para localizar a todos los chavales. «Vamos a las playas, a los montes… Y vamos viendo situaciones gordas de vulnerabilidad», resume.
«No hace falta que se hagan pruebas de edad porque se ve a la legua que son menores de 11 o 12 años»
Pérez de Madrid explica que son «cientos» los menores que se pueden ver estos días por las calles y que no generan ningún atisbo de duda sobre su edad. «Hablamos de menores de 11 o 12 años«, asegura. «No hace falta que se hagan pruebas porque se ve a la legua que son menores», certifica.
El equipo de Ceuta de su asociación consta normalmente de cuatro trabajadores, aunque en momentos de crisis como este suelen movilizar a personas desde otras ciudades de Andalucía. Ya lo hicieron en enero de 2021, cuando unos 10.000 migrantes sortearon la frontera y lo han vuelto a hacer esta semana, con un refuerzo de ocho personas. Su misión en la ciudad autónoma pasa por atender a estos menores ofreciéndoles comida, ganándose su confianza y finalmente derivándolos a las autoridades.
La dificultad de filiar
Es el propio cuerpo de Policía Nacional el que se encarga entonces de filiar a los niños –básicamente identificarlos y tenerlos bajo el radar de la administración– y posteriormente trasladarlos a uno de los centros de menores de la ciudad o a alguno de los dispositivos especiales que las autoridades ceutíes han habilitado estos días, como las naves industriales de la zona del Tarajal. «Se les toman los datos, se los llevan a los centros y allí se determina si son buscados en Marruecos» o, si por el contrario, se determina que deben permanecer en España, detalla Pérez de Madrid.
El trabajo de identificación de los menores se complica porque prácticamente ninguno lleva documentación
También complican la gestión de la crisis las reticencias de algunos de los chavales que permanecen en Ceuta. Algunos de ellos tienen que ser derivados a hospitales ante las heridas que sufrieron durante el nado alrededor del espigón del Tarajal o bien en las aglomeraciones que también se formaron en la frontera terrestre. En ocasiones, se resisten a ser atendidos por miedo a ser devueltos a Marruecos. «Se hace un trabajo con ellos y con los traductores para ganar su confianza», explica Pérez de Madrid, que asegura que los hospitales de Ceuta «se están portando súper bien» y que atienden a todos los menores a los que han tenido que derivar hasta allí.
Además de las reticencias a las autoridades, existe otro problema y es que «prácticamente ninguno» de los menores, según la responsable de Sur Acoge, lleva documentación encima, con lo que el proceso de filiación se suele complicar. Tanto es así que, en los barrios periféricos de la ciudad –la situación en el centro ha ido mejorando con el paso de los días y la acción policial que ha ido desalojando a los migrantes–, algunas asociaciones de vecinos han decidido empezar a identificar por su cuenta a muchos de los menores que han dormido en la calle estos días.
Censos solidarios
En el barrio del Príncipe, la asociación de vecinos, además de proporcionar comida y agua a los migrantes más pequeños que han acabado en su barrio, ha decidido improvisar un censo para conocer el nombre de los jóvenes y también para tratar de contactar con sus familias. En declaraciones a la cadena SER, el presidente de la asociación de vecinos Ahmed Enfed-dal, ha asegurado que ha acogido en su casa a dos niñas que se apuntaron en su censo. «No las podía dejar en la calle», explica. «La población ceutí está volcada», confirma también Pérez de Madrid. «Los vemos dando comida, curando heridas, incluso repartiendo mantas», celebra
«Se necesitan con urgencia más centros de acogida, esto es mucho peor que 2021»
«Al final», resume Pérez de Madrid, «esto es una crisis humanitaria«. «Estamos hablando de que la gran mayoría de las personas no se quedan aquí por capricho, sino que tienen situaciones de gran vulnerabilidad», explica. Entre ellas, niñas, adolescentes y también una «gran población» de personas del colectivo LGTBI «que en Marruecos corren peligro», explica la trabajadora de Sur Acoge.
Centros desbordados
Una vez filiados y ya bajo el radar de la Administración española, muchos de estos menores se encuentran con centros de acogida totalmente desbordados. «Se necesita con urgencia que se empiecen a habilitar más instalaciones de emergencia«, reclama Pérez de Madrid. «Entendemos que la ciudad autónoma está haciendo lo que puede, pero todavía queda muchísima gente y muchos niños en situación de calle… Es mucho más grave que en 2021», insiste.
Es complicado hacer una estimación de cuántos menores siguen seis días después en Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, hablaba este miércoles de unos 1.090 menores acogidos, al tiempo que la Policía Nacional afirmaba que solo tiene identificados a 528 chavales. Sea como fuere, la capacidad habitual de la ciudad para atender a 29 menores desamparados está completamente desbordada y los centros no dan abasto. Hasta ahora, el Gobierno ceutí ha tenido que ir adaptando recursos de urgencia, como las dos escuelas que ha abierto para acoger a niños, niñas y adolescentes solos.
Está por ver cómo ayudan en el enclave los 25 millones de euros prometidos por el Ministerio de Juventud e Infancia para atender a los menores, o si la visita de la responsable del ministerio, Sira Rego, de este viernes tiene algún efecto. De momento, aunque la normativa habla de 15 días, está claro que todo el proceso para tener bajo el radar de la administración a los menores y poder empezar a trasladarlos a otras comunidades autónomas –si las batallas políticas lo permiten– aún se alargará.
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