La primera lectura que debe realizarse de la crisis humanitaria desencadenada el pasado 30 de julio por la entrada masiva en Ceuta de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos es la de la empatía. Empatía hacia quienes huyen del empobrecimiento y, especialmente, hacia los que perdieron la vida en el desesperado intento de buscar un futuro mejor, sin olvidar a la población ceutí afectada por una situación tan dramática.
Sin embargo, esta lectura humanitaria, siendo imprescindible, no basta para comprender lo ocurrido.
Como han señalado numerosos analistas, resulta difícilmente sostenible que un desplazamiento de semejantes dimensiones haya podido producirse sin la colaboración de las autoridades marroquíes responsables de la vigilancia de la frontera. Sin duda, hay un contexto geopolítico que ayuda a explicar lo sucedido. Veamos:
1) Desde hace años, la Unión Europea ha optado por externalizar parte del control de sus fronteras, convirtiendo a Marruecos en uno de sus principales socios para contener la inmigración irregular a cambio de apoyo financiero. Rabat ha aceptado desempeñar ese papel, siempre y cuando sea apoyada sin reservas su postura sobre el Sahara Occidental. Paradójicamente, la llave de la frontera ha concedido al régimen alauí una poderosa palanca de presión diplomática que ya ha demostrado estar dispuesto a utilizar cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego, aunque ello suponga instrumentalizar la desesperación de su propio pueblo.
2) En mayo de 2021, unas 5.000 personas entraron en Ceuta después de que el régimen alauí, bajo el liderazgo de Mohamed VI, relajara los controles fronterizos como represalia por la acogida en un hospital riojano de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, enfermo de COVID-19. La presión surtió efecto y, un año después, el Gobierno de Pedro Sánchez modificaba su posición sobre el Sáhara Occidental —respaldando el plan marroquí de autonomía para el territorio—, mientras Argelia reaccionaba abriendo una crisis diplomática con España.
3) La actual crisis migratoria de Ceuta se produjo pocos días después de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, donde ambos gobiernos acordaron reforzar sus relaciones e incrementar las importaciones de gas. Coincidió, además, con la tramitación en el Parlamento español de una ley para conceder la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española y a sus descendientes. Son dos hechos difícilmente asumibles para Rabat: el primero, porque estrecha la relación de España con su principal rival estratégico en el Magreb; el segundo, porque afecta a una población que Marruecos considera propia.
4) El 10 de diciembre de 2020, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones diplomáticas con Israel. El acuerdo consolidó al régimen de Mohamed VI como socio estratégico de Estados Unidos y el Estado israelí. No deja de ser significativo, a este respecto, que destacados dirigentes republicanos próximos a Donald Trump hayan llegado a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, al considerarlas parte del territorio marroquí
5) Apenas unas horas después de iniciada la crisis en Ceuta, la Administración Trump, el Gobierno de Israel, representantes de gobiernos europeos próximos a la derecha radical, como los de Italia y Finlandia, el Partido Popular Europeo y las ultraderechas españolas (PP y Vox) —es decir, los principales adversarios del actual Gobierno español— calificaron lo sucedido como una «invasión» y atribuyeron la crisis al supuesto «efecto llamada» provocado por la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, eludiendo cualquier referencia al papel desempeñado por el régimen de Mohamed VI. A la vista de esta estrategia, ¿cabe descartar que la crisis haya respondido a un nuevo intento de desestabilización política contra un Gobierno que ha mantenido posiciones discrepantes con Donald Trump y Benjamin Netanyahu?
6) Frente a esta situación, el Gobierno español ha optado por la cautela diplomática. Ha evitado responsabilizar públicamente al régimen de Mohamed VI y ha privilegiado la vía diplomática sobre la confrontación, aun a costa de sostener la inverosímil explicación de que la entrada masiva fue organizada por mafias que trafican con seres humanos. Una actitud comprensible si se tiene en cuenta que, en unas relaciones de vecindad como las que mantienen España y Marruecos, la cooperación diplomática ofrece mayores posibilidades de resolver los desencuentros que una escalada de acusaciones públicas.
A modo de conclusión: reducir una crisis migratoria a una «invasión», como hace el discurso ultraderechista, no solo revela un profundo desprecio por el valor de la vida humana; también impide comprender la verdadera naturaleza del problema. Las crisis migratorias son, ante todo, dramas humanos que la ultraderecha global, encabezada por Donald Trump, utiliza como instrumento de confrontación política. Tenerlo en cuenta resulta imprescindible para superar los diagnósticos erróneos y comprender que las migraciones no deben abordarse únicamente como un problema de seguridad en las fronteras, sino, ante todo, como una cuestión de derechos humanos.
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