Lo hizo para que responsables de la aerolínea pudieran ser recibidos por los responsables del banco, aunque negó haber realizado ninguna gestión destinada a obtener financiación para la compañía.
Así consta en los audios de la comparecencia del pasado miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso este periódico.
Durante el interrogatorio, su letrado le preguntó expresamente si había orientado de algún modo la solicitud dirigida al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de la entidad, con el objetivo de que Plus Ultra obtuviera financiación.
La respuesta de Zapatero fue contundente: «No, en absoluto».
El ex jefe del Ejecutivo explicó que su intervención se limitó a realizar una llamada para comprobar si los responsables de la empresa podían ser atendidos.
Cuando su abogado insistió preguntándole si esa había sido su única actuación, respondió: «Sí, exactamente».
Rodríguez Zapatero también rechazó que algún directivo o empleado de Plus Ultra le hubiera solicitado ayuda relacionada con el Fondo de Apoyo a Empresas aprobado en julio de 2020.
Asimismo, negó haber mantenido conversaciones con responsables de Indra para facilitar que la aerolínea presentara su solicitud ante la SEPI.
«Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra», afirmó Zapatero.
Calama ha acordado este jueves investigar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro del caso Plus Ultra.
Las tres serán citadas a declarar y podrán ejercer su derecho de defensa en la causa, abierta por la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La decisión se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el magistrado, existen indicios de que la empresa Whathefav, administrada formalmente por las hijas de Zapatero, habría sido utilizada como instrumento para canalizar y dar cobertura a operaciones económicas bajo investigación.
Calama considera que, dada su posible implicación, deben declarar como investigadas y no como testigos, para garantizar su derecho a no declarar contra sí mismas.
Respecto a Alcázar, el instructor señala su presunto papel, junto a Cristóbal Cano, administrativo de las empresas de Julio Martínez Martínez, en funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que manejaba la red.
Gertrudis «recibía instrucciones directas» para elaborar facturas presuntamente falsas que dieran cobertura a los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario.
