La pareja de Juanfran Pérez Llorca, Vanesa Soler, va a abandonar en breve la Diputación de Valencia, donde viene desempeñando funciones de secretaria del diputado Ricardo Teruel, del PP, desde el 3 de marzo. Según confirman fuentes del Palau de la Generalitat y la propia diputación, Soler no va a participar en el proceso de consolidación de su plaza, que tenía en comisión de servicios durante seis meses. Ahora mismo está abierto el plazo para la provisión definitiva de este puesto de trabajo. El 3 de septiembre será su último día. «Respeto la decisión de los profesionales», ha afirmado esta mañana el jefe del Consell sobre la decisión de su pareja.
Cabe recordar que el aterrizaje de Soler en la Diputación a las pocas semanas de que Llorca se convirtiera en president levantó una enorme polvareda. Ella es funcionaria con plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Finestrat, donde el president ha sido alcalde los últimos años y a dónde podría regresar, extremo que no confirman las fuentes consultadas.
Soler consiguió su nueva plaza a escasos metros del nuevo puesto de trabajo del president en un proceso de comisión de servicios. En él se impuso a otras aspirantes que acreditaban más antigüedad, anque el informe de idoneidad la escogió por su mayor «experiencia», al tener más días cotizados como C1 (la categoría de la plaza de administrativo en cuestión), además de haber desarrollado también tareas de secretaría de dirección en el Ayuntamiento de Finestrat.
El nombramiento provocó una gran polémica, con acusaciones de enchufismo de la oposición tanto en la Diputación de Valencia como en las Corts. El propio Llorca salió públicamente a defender el proceso en un vídeo, acusando de machismo a las críticas, alegando que tenía las mismas oportunidades que cualquier funcionario para desplazar su puesto de trabajo y que iba a tener los mismos ingresos que cualquier puesto de C1 21 C3, que es como está catalogada esta plaza de administrativo. Son unos 52.000 euros, lo que supuso un incremento considerable respecto al salario de la administración de origen, que era de 38.000 euros, según reconoció el president.
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