El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido notificado este lunes del fallo emitido por la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la nulidad de la tasa de prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia municipal implantada este año, en cumplimiento de la Ley nacional 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Una vez recibida la sentencia por la nulidad de la tasa de basura, el Consistorio informó que el área de Asesoría Jurídica y de Gestión Tributaria de la Concejalía de Hacienda «están analizando» el contenido de la resolución con el fin de determinar su alcance jurídico y técnico, «teniendo siempre presente el interés general», destaca el comunicado.
En el mismo, subrayan que de acuerdo con la normativa procesal, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días hábiles, que comienza a contar desde el día siguiente al de la notificación, para estudiar la sentencia y decidir las actuaciones que procedan, incluida, en su caso, la «eventual interposición de los recursos que correspondan».
Desde el Consistorio destacan que el estudio de la sentencia se lleva a cabo teniendo presente el «interés general»
«Deficiencias» en los criterios
La sentencia se conoció el pasado viernes 10 de julio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias informaba del fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo a favor del recurso interpuesto por la Fundación Canaria Escuelas de Antunez contra la ordenanza municipal, aprobada de manera definitiva en abril de 2025.
Los magistrados Jaime Borrás Moya y María Mercedes Martín Olivera consideraron que había «deficiencias» en los criterios empleados para cuantificar el importe de la tasa (149,33 euros por hogar) al no estar debidamente justificados.
El TSJC subraya que la falta de justicación afecta tanto a la cuota variable por generación de residuos como la cuota fija de la tasa, que asciende a 108,45 euros. En el primer caso, la sala destaca que la ordenanza se apoya en estudios externos cuya realidad aplicada al municipio de la capital grancanaria no está explicada. En el segundo, no hay una justificación suficiente de las razones por las que los técnicos atribuyen el mismo importe a categorías diferentes de usuarios.
Según los magistrados, la memoria económico-financiera de la tasa incumple la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por no justificar el coste real del servicio, así como los criterios empleados.
El PP pide «transparencia»
Por su parte, el Partido Popular (PP) reclamó a la alcaldesa, Carolina Darias, que informe de las consecuencias que tendrá el fallo judicial y pidieron al gobierno municipal “máxima transparencia y responsabilidad” para aclarar si va a recurrir y cómo va a proceder con los recibos ya abonados por parte de la ciudadanía mientras la resolución no sea firme.
Los ciudadanos tienen derecho a saber con exactitud cuál es la situación
El PP sostiene además que la regidora y su equipo deben comparecer públicamente para precisar el alcance de la sentencia y ofrecer así seguridad jurídica. «Los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente cuál es la situación», añadió Jimena Delgado, portavoz municipal de los populares.
Aun así, advirtió que, pese al pronunciamiento judicial, la ordenanza no está anulada oficialmente, por lo que pidió a los contribuyentes que continúen atendiendo los pagos dentro de los plazos establecidos. El Ayuntamiento capitalino ha enviado hasta el momento 169.000 recibos.
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