«Un éxito rotundo». Así definió la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permite derivar a menores migrantes no acompañados desde los territorios declarados en contingencia migratoria (Canarias, Ceuta y Melilla) hacia otras comunidades autónomas. Rego visitó este miércoles Lanzarote para hacer balance de una reforma que sigue generando rechazo en parte de la oposición política. Hasta la fecha, 2.168 menores han sido trasladados fuera de Canarias a través de los distintos mecanismos. Según los datos del Gobierno autonómico, 1.200 salieron en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que obligó al Estado a asumir la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que permanecían en las Islas, mientras que otros 968 fueron derivados por la vía ordinaria, es decir, el procedimiento diseñado para redistribuir a los jóvenes que ya se encontraban en el Archipiélago antes de la declaración de contingencia migratoria.
Desde el Ejecutivo autonómico evitan, sin embargo, hablar de un «éxito rotundo». «Todo lo que hemos vivido, el esfuerzo que han supuesto las reubicaciones y el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan recurrido cada paso que contempla la medida no puede definirse como un éxito», asegura la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez. Aun así, subraya que la reforma era «necesaria y sigue siendo necesaria», ya que ha permitido aliviar la presión sobre un sistema de acogida que durante meses ha estado sometido a una fuerte tensión y saturación.
Este alivio en los centros de acogida del Archipiélago (fruto de los traslados a la Península) ha permitido además el cierre de muchos de los macrocentros (con más de 100 plazas) con los que contaba la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma ha decidido abrir centros más pequeños que permitan garantizar de una manera más eficaz y garantista la atención de la infancia migrante que llega a las costas del Archipiélago sin la referencia de un adulto. Actualmente hay 86 centros activos, si bien dos de ellos echarán el cerrojo el próximo 1 de julio en Fuerteventura.
La situación actual de Canarias
Si bien la ministra defendió que la reforma de la Ley de Extranjería se aprobó con una perspectiva «nítidamente de protección del interés superior de la infancia», también aseguró que la situación de Canarias «ha cambiado radicalmente» en el último año: «Estamos ante una situación en la que el sistema se ha descongestionado sustancialmente y en la que existen condiciones para que la acogida sea mucho más garantista de lo que era hace un año. Además, se ha dado salida a muchos niños y niñas para que puedan desarrollar su proyecto de vida en lugares donde sus derechos están garantizados». Una valoración que no comparte el Ejecutivo autonómico. «Canarias sigue en contingencia migratoria», recuerda Sandra Rodríguez, lo que implica que el Archipiélago continúa superando su capacidad ordinaria de acogida pese al alivio que han supuesto los traslados realizados durante los últimos meses.
El escenario cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, tras el 18 de marzo (fecha en la que caducó el real decreto-ley que permitió activar la reforma y ejecutar los traslados), el sistema de derivaciones de menores que ya se encontraban en Canarias antes de la declaración de contingencia quedó prácticamente paralizado. Desde entonces, los traslados se centran en los menores recién llegados (a través de la vía exprés), que deben abandonar el Archipiélago en un plazo de 15 días, aunque en la práctica ese plazo suele alargarse más allá de lo previsto.
En otros términos, la ministra avanzó que llevará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del mes de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas con mayor llegada de menores migrantes no acompañados. Canarias será una de las regiones que recibirá una parte relevante de estos recursos, en concreto unos cuatro millones de euros, que se sumarán a los 140 millones ya destinados a políticas de acogida en el Archipiélago.
La ministra también se refirió al recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Aunque la medida ha generado dudas en Canarias ante la posible vulneración de derechos, la propuesta del Ministerio de Infancia y Juventud, explicó Rego, es que sean los Colegios de Abogados quienes asuman la representación judicial de la infancia migrante no acompañada tras su llegada.
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó en su cuenta de X que «Canarias sabe que la gestión migratoria exige responsabilidad, cooperación con los países de origen y tránsito y una gestión ordenada». En ese contexto, y tras la aprobación del Reglamento de Retornos por parte de Bruselas, añadió que «Europa no puede responder al drama migratorio renunciando a sus principios».
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