Perelló sale al paso de las acusaciones de Óscar Lopez y cree «inadmisible» cuestionar «la honestidad» de los jueces

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado esta mañana que todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pero “hay un salto cualitativo cuando esa crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible”.

Perelló ha salido, así, al paso de las afirmaciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, según el cual «hay jueces que prevarican». López, uno de los encargados en el Gobierno de desacreditar a los jueces, no ha justificado su afirmación ni ha identificado a los «prevaricadores» ni les ha denunciado en el tribunal correspondiente.

Tras recordar que el sistema procesal cuenta con mecanismos de garantía suficientes para corregir las resoluciones que contengan errores, mediante su revisión por jueces distintos a los que las han adoptado, Perelló ha lamentado que se estén produciendo “graves críticas y descalificaciones a las instituciones garantes del Estado de Derecho”.

«Estas dinámicas olvidan que son los Jueces, independientes e imparciales, quienes protegen y tutelan los Derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; y quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho y que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria”. “

Durante la clausura de una reunión de presidentes de Audiencias Provinciales celebradas en Ávila, Isabel Perelló ha indicado que “no se pueden contraponer votos a control judicial y Estado de Derecho” porque “la democracia no consiste solamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también están sometidos a la ley y al Derecho”.

“La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su condición, encuentra un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley”, ha añadido Perelló. Tanto ella como el Consejo General del Poder Judicial vienen realizando continuos llamamientos de respeto institucional, claramente desoídos por el Gobierno, contrariado por las investigaciones penales que afectan a PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

La presidenta del Poder Judicial y del alto tribunal ha recordado que los jueces son “quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria”, y que por ello “deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio”.

«Los jueces ejercen su función constitucional con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de la ley y el Derecho, sin ninguna otra finalidad”, ha dicho Perelló.

Por ello, “todo intento de injerencia en la independencia judicial -proceda de donde proceda- supone una amenaza para el Estado de Derecho y pone en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad”, ha asegurado, para añadir que el respeto a esa independencia es una responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Carrera Judicial, y en especial del Consejo General del Poder Judicial, “pero también del resto de los poderes públicos”.

Perelló ha vuelto a expresar su «absoluto respaldo» a los «grandes profesionales con los que contamos en la carrera judicial».

«Mi apoyo, en especial, a los que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho, y que no respetan el principio de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución”, ha dicho.

La presidenta del TS y del CGPJ ha concluido su intervención afirmando que, “frente a esta situación, debemos reforzar y profundizar los principios que sustentan nuestro trabajo y continuar con nuestra función de garantes de los valores de la Constitución Española. Con independencia, neutralidad e imparcialidad”.

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