La empresa Red Eléctrica de España (REE), promotora del segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca iniciará en unos días los sondeos geotécnicos en el entorno del humedal de Maristany, en el municipio de Alcúdia, con el objetivo de estudiar la viabilidad de realizar una perforación horizontal dirigida para salvar el paso del trazado por la zona húmeda.
Las comunicaciones previas de REE han generado un gran malestar vecinal en aquellas fincas afectadas, tal y como ha denunciado este jueves la plataforma vecinal ANACA, que ha explicado que una entidad subcontratada por REE ha contactado con propietarios de fincas para anunciarles el inicio de las prospecciones geológicas en sus parcelas a partir del próximo lunes 15 de junio, mientras el proyecto del cable sigue “pendiente de autorización administrativa definitiva” por parte del Consejo de Ministros. Los trabajos consisten en perforaciones de 101 milímetros de diámetro y hasta 25 metros de profundidad, tal y como explica la citada empresa en las comunicaciones remitidas a los vecinos afectados.
La promotora del segundo cable, por su parte, explica que el proyecto ya ha iniciado la fase de evaluación ambiental ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y asegura que los sondeos que iniciará la próxima semana cuentan con todas las autorizaciones administrativas. Las actuaciones incluyen tres sondeos geotécnicos y varias tomografías eléctricas terrestres destinadas a caracterizar el subsuelo. Estas últimas pruebas ya se han realizado.
REE añade que los trabajos son de “carácter temporal” y causarán una “mínima afección al entorno”. Una vez finalizados, “el terreno será restituido a su estado original”, asegura.
No obstante, las explicaciones de la empresa no han convencido a los vecinos que han sido instados a abrir sus propiedades para facilitar las prospecciones.
En este sentido, ANACA explica que uno de los propietarios afectados ha exigido por escrito la documentación “legalmente exigible” (resolución oficial de ocupación temporal, publicación en el boletín oficial de los bienes afectados y notificación administrativa certificada) y la empresa “respondió por escrito que presentará la documentación correspondiente cunado inicie los trabajos”, lo que, según la plataforma, supone un “atropello a los derechos de los propietarios”, ya que la documentación habilitante “debe obrar en su poder antes de cualquier acceso” a las propiedades y no en el momento en el que los operarios se presenten en la finca. ANACA califica esta actuación de “forma de presión deliberada sobre ciudadanos que ejercen legítimamente sus derechos”.
Asimismo, la entidad recuerda que el trazado terrestre previsto atraviesa el entorno de la ZEPA de Maristany, espacio protegido por la Red Natura 2000 sobre el que el Govern ha formulado condicionantes específicos aún no resueltos”.
Por todo ello, ANACA insta a los propietarios a “no autorizar ningún acceso” sin haber recibido antes la documentación legal completa, a la vez que estudia “las acciones legales y administrativas correspondientes”.
Por su parte, REE justifica la “necesidad” de estos trabajos para “conocer el terreno que se tiene que perforar y poder ajustar el trazado de la perforación horizontal dirigida, de manera que no haya afección a la zona”. Esta perforación tendrá una longitud de 580 metros y una profundidad máxima de 18 metros, explica la promotora. “En todo caso, tanto las prospecciones arqueológicas ya realizadas, que han dado como resultado la no afección a bienes arqueológicos, como las investigaciones geotécnicas son trabajos previos a la aprobación del proyecto y sus resultados validarán o implicarán algún ajuste en el trazado definitivo”, indica REE, por lo que “son actuaciones que deben hacerse necesariamente antes de que finalice la tramitación del proyecto y su aprobación”.
Con los sondeos geotécnicos a punto de empezar, el proyecto entra en un nuevo escenario en el que se traspasa el ámbito administrativo para iniciar movimientos de tierra en fincas privadas. Y todo indica que los vecinos afectados no lo aceptarán de buen grado. Desde ANACA aseguran que ya se han producido denuncias en este sentido.
Por otra parte, la entidad vecinal recuerda que una semana después de que el pleno de Alcúdia aprobara por unanimidad instar al Ministerio a actualizar la evaluación ambiental del proyecto, “no consta” que la institución municipal haya remitido comunicación alguna, por lo que urge al Ayuntamiento a “actuar con la misma celeridad que está demostrando la promotora”.
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