El expresidente peruano Ollanta Humala abandonó en la noche de este viernes el penal de Barbadillo después de pasar 15 meses detrás de las rejas. El Tercer Juzgado Penal lo había condenado a 15 años de prisión en abril del 2025 por lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano. Su esposa, Nadine Heredia, evitó el cumplimiento de la sentencia con un asilo en Brasil. Las piruetas de la justicia son conocidas en el país andino y suelen acompañar los vientos de los cambios políticos. El Tribunal Constitucional consideró que el proceso contra el hombre que gobernó entre 2011 y 2016 al derrotar en las urnas a Keiko Fujimori, carecía de validez al aplicarle retroactivamente una figura penal que no existía al momento en que habrían sucedido los hechos que se le imputaron. Ese mismo criterio se había aplicado meses atrás en una causa similar contra la actual mandataria, quien no pasó por alto el contenido del dictamen. «Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería en todo caso que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión», dijo Fujimori al enterarse de la novedad. «Vivimos en un Estado de derecho y cuando se vive en un Estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste manifestó». Recordó a su vez que ocho años atrás tuvo que enfrentar una resolución judicial «dolorosísima» similar que pudo revertir gracias a la acción de sus abogados.
Humala salió de la cárcel destinada a exj efes de Estado y donde se encuentra Alejandro Toledo y en su momento ocupó una celda Alberto Fujimori, acompañado de su abogado Julio Espinoza. «Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial», dijo y negó haber cometido el delito por el que fue «secuestrado por el Estado». Y añadió: «nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil»
Wilfredo Pedraza, otro de los letrados de Humala, deslizó la posibilidad de que su cliente reclame una indemnización al Estado peruano debido a que fue encarcelado. «Cuando hay error judicial, cuando hay arbitrariedad de funcionarios públicos, lo que corresponde es que se indemnice, pero eso le corresponderá evaluar al expresidente y a las demás personas (involucradas en el caso)». señaló el letrado a los medios de comunicación tras llegar al centro penitenciario.
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