Unos 27 millones de peruanos están llamados a elegir a la autoridad ejecutiva que juramentará el 28 de julio. Como viene sucediendo desde hace décadas, lo harán con la espalda encorvada, con un apego al ritual institucional pero desanimados. Optarán, una vez más, por el «mal menor», si es que todavía cabe esa idea de tanto que se ha repetido. Keiko Fujimori asume por cuarta vez ese lugar. Este domingo se enfrenta a Roberto Sánchez. Han llegado a esta instancia después de un larguísimo recuento de votos. Por lo demás, la situación se parece a la de los comicios de 2021, cuando la hija del exautócrata se midió al maestro rural Pedro Castillo. Así como ella invoca el legado del padre que pasó los últimos años en la cárcel y bajo arresto domiciliario por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, Sánchez reivindica críticamente a Castillo, quien un año y medio después de tomar posesión fue destituido por un Congreso donde el fujimorismo es un poder determinante.
Fujimori y Sánchez pasaron a esta instancia electoral tras haber obtenido en la primera vuelta el 17% y el 13% de los votos, respectivamente. En esos números se refleja la fragmentación y el desapego de una sociedad que se tiene que inclinar por alguna de estas alternativas. Las encuestas previas de Ipsos, Datum y CPI muestran una leve ventaja en favor de la lideresa de Fuerza Popular, quien, además, se sube a la ola de fuerte derechización regional que acaba de tener su muestra en Colombia con Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el margen de error de los sondeos ubica a los contendientes muy cerca del empate técnico. Como las mediciones han tenido al yerro como constante, en la noche del domingo puede sobrevenir alguna sorpresa, entre otras razones por la posible incidencia de quienes en principio se inclinaron por el voto en blanco, la anulación de la papeleta o debido a que decidieron finalmente sufragar: en total representan más del 20% del padrón electoral.
El trasfondo de esta contienda es invariable: rechazo a la política en general y un temor latente a la continuidad de una crisis que en los últimos años ha devorado presidentes como si se tratara de un juego de ordenador: Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir para no ser cesado por el Congreso, algo que sí sucedió con los sucesores Martín Vizcarra y el efímero Manuel Merino. Castillo gobernó poco, y en medio de sucesivas crisis. Cuando intentó cerrar la legislatura, corrió el mismo destino que sus antecesores. Dina Boluarte y José Jeri, mandatarios interinos, probaron la misma medicina. El actual presidente provisional, José María Balcázar, es el octavo de esta saga de desaciertos. La otra cara de la moneda política peruana tiene que ver con aquellos jefes de Estado que completaron su período pero con los años fueron a la cárcel: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Castillo. Alan García evitó ese destino al suicidarse antes de ser arrestado por la policía.
Parlamentarismo de facto
La estima popular del Congreso es nula, del 1%, y sin embargo es el poder real desde hace casi una década, lo que ha llevado a varios analistas a hablar de un gobierno parlamentario de facto que hace y deshace en medio de la apatía ciudadana. Salvo lo ocurrido con Castillo, que provocó una revuelta en el sur del país, con 50 muertos, los demás presidentes entraron y salieron de escena sin que tuvieran lugar manifestaciones a favor o en contra. El Parlamento peruano ha obrado según su propia lógica y se espera que ocurra algo similar a partir de julio, salvo que sea Fujimori la vencedora en las urnas. Su partido ha urdido en gran parte esa trama y tiene mayores herramientas para utilizarlas a favor de la albacea del autócrata.
Keiko, como la llaman sus seguidores, ha sabido reunir detrás suyo al variado espectro conservador que quedó en el camino, con el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a la cabeza. El exnumerario del Opus Dei, hombre de una vasta fortuna, se sumó al coro que conmina a los peruanos a frenar la llegada al Palacio Pizarro de un «comunismo» inexistente. «Un triunvirato del terror que busca llegar al poder para poner en práctica sus siniestros planes, cuyo único corolario posible es la destrucción de la democracia y la economía peruana», señaló en una editorial el diario Perú 21. La publicación también convocó al fantasma del grupo terrorista Sendero Luminoso, derrotado por Fujimori padre a principios de los años 90. Los grandes medios no han dejado de señalar las supuestas inconsistencias programáticas del candidato de Juntos por el Perú y sus peligrosas inclinaciones izquierdistas. Ni siquiera el compromiso de Sánchez de no emprender cambios económicos radicales ha disipado la aversión. El influyente analista político César Hildebrandt formuló la exhortación contraria. «El señor Sánchez no podrá jugar con fuego porque el primero en quemarse será él: tiene límites impuestos por la democracia. La señora Fujimori ha dicho que quiere gobernar como su padre, y todos sabemos que su padre no tuvo límites. El voto viciado es mi opción personal, mi ocurrencia higiénica, pero la mejor opción en ese segundo turno es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre nosotros».
Las desigualdades
La ola de violencia urbana no se ha frenado en los días previos, lo que obligó al Ejecutivo a prorrogar el estado de emergencia en varias jurisdicciones del sur del país. El crecimiento de la criminalidad es uno de los rasgos que define la vida en las ciudades peruanas. El otro, la desigualdad. La OCDE contempla un incremento del PIB de casi tres puntos para este año. Entre 2000 y 2013, la tasa anual de crecimiento fue de seis puntos. Del año 2014 a la actualidad ese ritmo se redujo a la mitad. La clave del modelo peruano radica en que los negocios y la creación de riqueza no se resienten con los desastres institucionales. La pobreza alcanza en tanto a cerca de nueve millones de personas. La campaña electoral coincidió con el debate sobre una mejora del salario mínimo, de 285 euros, que recibe casi el 30% de la población en un país con altísimos niveles de informalidad laboral. Sánchez fue tachado de «populista» por reivindicar la necesidad de una mejora en los ingresos.
Así como en la segunda vuelta el país se ha partido prácticamente en mitades, existen otras inquietantes divisiones en Perú. Solo en 2025, el número de niñas y adolescentes menores de 19 años que se convirtieron en madres ascendió a 37.676. Dentro de este grupo, 993 eran menores de 14 años. El embarazo adolescente es consecuencia de la alta incidencia de violencia sexual, la ausencia de una educación sexual integral (ESI) efectiva y las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esas jóvenes y los hombres de su misma generación son parte del electorado que definirán la contienda. Maite Vizcarra, columnista del diario limeño El Comercio ha recordado en las vísperas su enorme desinterés por la política. Ellas y ellos saben lo que saben sobre Fujimori y Sánchez a través de TikTok, «con sus memes, sus canciones, sus reels de 20 segundos y su energía chacotera».
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