Nos hemos vuelto un Gobierno antisistema

En lo que hacen Pedro Sánchez y su equipo en estas dos semanas trágicas se reconocen todos los pasos previstos en ese manual por los que antes han transitado otros, de diferentes opciones políticas y con distinta intensidad según la crudeza, gravedad o grado de certeza del escándalo que les afecte.

Alguno de sus capítulos se ha llevado al extremo estos días y aún se desconoce si se endurecerá aún más, si fuera posible.

El principal paso es fijar un enemigo exterior e intentar mostrarse como víctimas de una conspiración o de un ataque.

El objetivo es siempre mantener unidos a los más fieles para evitar revueltas internas e intentar convertir en mérito electoral el «vienen a por nosotros». Además de perimetrar los efectos y salvar al presidente del Gobierno.

Moncloa admite el hundimiento del ánimo de los suyos, dirigentes del partido, cargos del Gobierno y, sobre todo, futuros candidatos municipales y autonómicos, que ven muy negras sus opciones en mayo de 2027.

A todos ellos, el núcleo duro junto al que se atrinchera Sánchez en Moncloa les quiere dar una bandera: la de la agresión exterior.

Entienden que les puede funcionar como argumento electoral para sostener votos para defenderse de la «agresión». Va dirigido sobre todo a los muy militantes, lo que de facto supone admitir la imposibilidad de ampliar la base electoral. Mejor que crean eso a que crean que sus dirigentes les han traicionado con conductas no tolerables.

Sánchez no ha hablado en público con detalle del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni del sumario que apunta a que el PSOE organizó y pagó una trama para interferir en procesos judiciales.

Pero, según fuentes del Gobierno, Moncloa ha hecho correr entre los suyos que el argumento a explotar es el de la conspiración, judicial y mediática y hasta el «golpe de Estado».

Es la tesis del lawfare, pero sin usar esa palabra, que ya fue puesta en circulación hace dos años cuando el presidente se retiró cinco días a reflexionar su futuro tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Todo puede ir a peor

Aseguran que ya no se trata de dar la vuelta a las encuestas y las perspectivas electorales, porque ya se intentó hace un año con la política exterior cuando fue encarcelado Santos Cerdán, pero todo eso se ha venido abajo ahora en las dos semanas trágicas. No se trata de explicar y convencer, sino de dirigirse al sentimiento del militante.

Ahora se intenta mantener la posición, evitar que el suelo de apoyo que tiene el partido se hunda y resistir, porque seguir en la Moncloa le permite a Sánchez hacer frente a esos casos en mejor situación que si estuviera en la oposición tras una derrota electoral, con un partido roto y sin las protecciones del Estado.

Sánchez dijo el miércoles en Roma que llegar hasta mediados de 2027 respondía a intereses generales y no particulares. Pero en el PSOE se entiende ahora que es justo lo contrario: que todo puede ir a peor de aquí a esa fecha.

«Hay algún compañero que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila», dijo Sánchez en Roma, y eso es justo lo que piensan ya algunos dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno que no son precisamente Emiliano García Page.

Ese es el cambio: que ya no se cree que aguantar vaya a mejorar sus expectativas. Todo lo contrario.

Saben que los socios nunca apoyarán una moción de censura que incluya a Vox. De hecho, fuentes del PNV ratifican que no lo hará y niegan haber hablado con Junts sobre ello.

Pero al igual que otros socios, quieren poner distancia con el Gobierno, consideran que habrá un goteo que lo hará todo más difícil, buscarán «estrechar el espacio al Ejecutivo» para ponérselo más difícil y rechazan horrorizados la tesis del «golpe de Estado».

Fuentes del Ejecutivo explican que ahora se trata de cambiar el foco hacia el «intento de derribo del Gobierno con métodos no democráticos«, según la expresión utilizada por el ministro Óscar Puente.

El manual dice que hay que combinarlo con la expresión reiterada del «respeto a la Justicia» y a la «presunción de inocencia», aunque ésta se le niegue a los propios jueces que instruyen esas causas.

Hay que mantener unidas a las bases, como la formación del «testudo» (tortuga) de las legiones romanas. Una estrategia defensiva para minimizar los daños y construir un argumento de agresión desde el exterior.

Se denuncia un «golpe de Estado judicial» y se extrema el Manual del náufrago. Tanto, que un miembro del Ejecutivo asegura con ironía: «Nos hemos convertido en un Gobierno antisistema«. Porque no todos los miembros del Gobierno y del partido respaldan el mensaje oficial, aunque no lo expresen públicamente y aunque se les haya pedido desde Moncloa que den eco a la teoría de la «persecución para derribar al Gobierno».

Hizo algo parecido Felipe González con las investigaciones de los GAL y Filesa, cuando se hizo correr la conspiración de jueces, políticos y medios para acabar con su Gobierno.

Los precedentes

González, junto a toda la Ejecutiva del PSOE, acompañó a la cárcel de Guadalajara a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por los GAL, en un acto de desafío al Tribunal Supremo. Ahora ese aquelarre se transforma en la denuncia de «golpe de Estado», que moviliza a los más fieles y centra en eso el debate público.

También Mariano Rajoy habló de «los policías de Rubalcaba» cuando estalló el caso Gürtel, en referencia al entonces ministro del Interior. También arremetió contra los jueces que lo investigaban y dijo aquello de que era «un caso contra el PP, no un caso del PP».

Hace justo ocho años, el 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy, acorralado por el caso Gürtel, no tuvo más remedio que comparecer en el Congreso y lo hizo usando la táctica de marcar un enemigo exterior.

En concreto, dijo: «Hay un círculo de la calumnia que siempre funciona igual, un delincuente le da información a un periódico, en este caso el diario El Mundo, que éste manipula y tergiversa adecuadamente para generar una calumnia, que a mediodía será amplificada por las televisiones…» Tras la reacción de los diputados, explicó teatralmente que la frase era del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque el manual ha ido pasando de mano en mano, de legislatura en legislatura, de partido en partido y de escándalo en escándalo.

El Manual del náufrago habla de reforzar a los propios, fijar un enemigo exterior, apelar a los sentimientos de los fieles y lanzar botes de humo, generalmente el de los medios y las filtraciones.

El manual añade que, si las cosas se ponen feas, hay que cargar y desacreditar a los jueces y poner el foco en la filtración de sus indagaciones para buscar la intencionalidad política.

En los tiempos de González se habló de «jueces estrella» para desacreditar a Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y otros magistrados que investigaban los GAL.

Al juez Marino Barbero Santos, que investigaba Filesa, lo crucificaron hasta con bromas como: «Ni es juez, ni es marino, ni es barbero, ni es santo».

El PP hizo lo mismo con el magistrado Luis Manglano, que destapó en 1990 el llamado caso Naseiro. Hasta se hicieron circular supuestos problemas de salud mental y, por supuesto, se cuestionó y ridiculizó su forma de instruir.

Anteriores presidentes ya denunciaron actuaciones de jueces concretos que coinciden perfectamente con la definición de lawfare, aunque no usaran esa palabra. Es parte de la formación defensiva del testudo ante el escándalo.

Los presidentes nunca saben

Ahora, miembros del Gobierno cuestionan en privado la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska, por entender que «no ha puesto orden» en la UDEF y la UCO, de la misma forma que comentan que el pacto para renovar el CGPJ bloqueó la posibilidad de actuar contra jueces que, según dicen, incumplen supuestamente deberes como el de razonar sus decisiones. Como Juan Carlos Peinado.

Otro paso del manual es desacreditar al coimputado que denuncia e involucra a otros. Así se hizo desde José Amedo (GAL) a José Luis Peñas y Luis Bárcenas (Gürtel), entre otros, y ahora con Víctor Aldama.

En eso están y se preparan para hacerlo con los que vengan, porque temen que pueda ocurrir con otros como Julio Martínez, al que la UDEF señala como «testaferro» de Zapatero.

Explican que tenían conocimiento de que el anterior abogado le presionaba para pactar y confesar, respiraron cuando supieron que renunciaba a ese letrado y volvieron a la angustia cuando vieron que la elegida es Dolores Márquez de Prado.

El protocolo defensivo también se refiere a construir comparaciones para hacer ver que el escándalo que les afecta no es distinto al que protagonizan los demás.

Es el «todos son iguales», que en este momento tiene el riesgo de crear el caldo de cultivo de la antipolítica.

El Manual para náufragos tiene un capítulo destacado para perimetrar los efectos de los escándalos e identificar a «un malo que se coma el marrón«.

El PP llegó a decir que la trama de Gürtel era obra exclusiva de Luis Bárcenas. Y ahora Moncloa y Ferraz lo centran todo en José Luis Ábalos o en Santos Cerdán, tras pasar la fase inicial de intentar protegerlos y, sobre todo, controlarlos.

Hasta el punto de que consideran que no pueden atribuirse al partido los actos del que era su secretario de Organización, como si se pudiera disociar. Y como si se pudiera borrar que los dos fueron la mano derecha de Sánchez en distintos momentos. Siguiendo el manual, ahora se trata de que Cerdán creó la trama para bloquear sumarios por su cuenta y de espaldas a todos, especialmente del presidente y líder socialista.

Porque coinciden todos en buscar la forma de salvar a los presidentes del Gobierno afectados con el argumento de que no estaban al tanto de los hechos. Antes pasar por sordos y ciegos, que pasar por malvados y antes tener responsabilidades por no enterarse que por acciones reprochables.

Capítulo con trágico final

González fue exonerado en los casos GAL y Filesa y nunca fue imputado, con el argumento de que no sabía lo que hacía su ministro del Interior.

Rajoy dijo no saber nada de los pagos de sobresueldos en el PP y hoy la responsabilidad de la operación Kitchen apunta sólo a su ministro del Interior.

Ahora, Moncloa se esfuerza en que quede claro que Sánchez no supo que uno de sus más directos colaboradores creó una trama para sabotear procesos judiciales que afectan directamente al presidente del Gobierno. La tesis es que Cerdán le engañó para borrar las huellas de su presunta corrupción, no para parar los casos que afectan al presidente y su familia.

Antes lo hizo con Ábalos, asegurando que desconocía sus actividades cuando le mantuvo en las listas del PSOE en 2023, aunque ya se habían publicado informaciones sobre parte de su conducta.

Hay otros capítulos breves en el manual que siempre se cumplen, como el de ganar tiempo, el de retrasar en lo posible las explicaciones del presidente en el Congreso para preservarle y el de anunciar medidas legales de emergencia para hacer frente a la corrupción.

Este último ya lo gastó Sánchez hace un año cuando se encarceló a Cerdán, por lo que tiene complicado retomarlo ahora y menos sin mayorías para aprobarlo.

Obviamente, todo ocurre en un clima de desánimo entre sus filas y la constatación de que, hagan lo que hagan, es imposible abrirse paso para contarlo.

Por ejemplo, el lunes Sánchez presentó en un acto un Plan Social para el Clima dotado de 9.000 millones de euros, que no tuvo reflejo en ningún medio. Balas de fogueo disparadas con silenciador.

Se ha caído la estrategia de las medidas controvertidas que generan debate para copar la agenda. Por ejemplo, el cambio de hora o la desclasificación de documentos del 23-F, entre otras.

La gravedad de la situación requiere cada vez piruetas más espectaculares, muchos saltos mortales, para llamar la atención.

El manual no tiene un buen capítulo final. Se cierra siempre con un capítulo trágico porque esos casos son siempre difíciles de contener. Más tarde o más temprano, los partidos terminan pagando en las urnas.

Y hasta ahora los presidentes han quedado si acaso manchados políticamente, pero limpios desde el punto de vista penal.