«Es inadmisible que un partido de gobierno se corrompa de arriba a abajo”, reprochó Pedro Sánchez a Rajoy el 29 de julio de 2015 ante el avance inexorable de las investigaciones del ‘caso Gürtel’. La sentencia condenatoria no llegaría hasta tres años después y dio lugar a la moción de censura que llevó al líder del PSOE a la Moncloa a lomos de la lucha contra la corrupción.
Hoy es Sánchez el presidente del Gobierno acorralado por investigaciones de corrupción. Quien fue su mano derecha, José Luis Ábalos, está en la cárcel. Un Juzgado investiga al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Otro juez indaga en las finanzas del partido por presuntas irregularidades. Y uno de sus antecesores, José Luis Rodríguez-Zapatero, acaba de convertirse en el primer presidente de la democracia investigado también por corrupción.
A diferencia de otros jefes de Gobierno, Sánchez tiene a sus familiares directos imputados por corrupción. Hoy comienza el juicio contra su hermano, David Sánchez, por la presunta adjudicación ilegal de una plaza dependiente de la Diputación de Badajoz. Su esposa, Begoña Gómez, será llevada ante un Jurado acusada de graves delitos.
La última de las investigaciones, detonada ayer por el juez (progresista) Santiago Pedraz, afecta de lleno al PSOE. Su gravedad se pone de manifiesto en dos hechos inéditos.
De un lado, por primera vez la gerente del partido, Ana Fuentes, tiene la condición de investigada por emitir órdenes de pago de facturas falsas para retribuir a la ‘fontanera’ del partido Leire Díez y financiar sus maniobras para tratar de dinamitar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al partido y a los familiares de Sánchez.
De otro, es la primera vez que un juez instructor reclama la aportación del Programa de Cumplimiento Normativo que resultaba de aplicación en el PSOE en los años 2024 y 2025, es decir, qué sistema tenía el partido para detectar la comisión de delitos por sus dirigentes y empleados.
Pedraz también ha requerido al partido para que identifique quién era en esos años el ‘compliance officer’, el responsable de Cumplimiento Normativo.
La reclamación de esos documentos siempre es un paso previo a la imputación de una entidad (en este caso, el PSOE) como persona jurídica, al margen de que finalmente se decida así o no en función de la evolución de las pesquisas.
La gravedad de la investigación de Pedraz deriva, sobre todo de los propios hechos objeto de las diligencias. El instructor afirma que Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, «habría puesto la propia estructura del partido» al servicio de una trama para cometer delitos: hacer acusaciones falsas y presentar denuncias infundadas sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO; montar campañas a través de medios de comunicación para desacreditarles públicamente; ofrecer sobornos para obtener datos secretos de procedimientos judiciales y policiales y de los investigadores responsables de ellos; influir en cargos públicos para obtener resoluciones favorables.
«Absolutamente limpia»
El PSOE habría financiado a su ‘fontanera’ y al equipo que ella «coordinaba» para la realización de esas presuntas conductas delictivas con al menos 188.000 euros, según los datos provisionales de la investigación.
Esos fondos habrían salido de las arcas del partido a través de «facturas mendaces» por conceptos inventados y servicios inexistentes. Lo que pone en la picota la contabilidad del partido y la reiterada afirmación de Sánchez de que la financiación del PSOE es «absolutamente limpia».
Así lo sostuvo ante la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado el pasado 30 de octubre, cuando sostuvo que la financiación del Partido Socialista «es absolutamente limpia, regular y legal». «Mi organización es la más transparente», aseguró.
La resolución del juez Pedraz conocida ayer sitúa a Santos Cerdán «al frente» de las actuaciones de la ‘fontanera’ y su equipo. Un grupo «liderado» por el entonces número 3 del PSOE y «coordinado» por Leire Díez. En otro momento el instructor habla del «rol superior» de Cerdán.
Pero la pregunta es si Sánchez conocía la puesta en marcha y financiación de una operación para maniobrar esencialmente a su favor en los procedimientos judiciales que afectan a sus familiares y al partido.
La resolución del instructor contiene numerosas alusiones a Pedro Sánchez. Por ejemplo, la afirmación de Leire de que Cerdán estableció como prioridad buscar la nulidad del ‘caso Koldo’ (Koldo García, lugarteniente de José Luis Ábalos) «por orden del one«.
O el comentario de Díez al fiscal Ignacio Stampa, a quien intentaron sobornar: «Sale la imputación de Begoña Gómez… entonces el presidente dijo ‘que se limpie todo'». Una limpieza que sería atacar al juez Peinado.
O la afirmación de la ‘fontanera’ al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez: «En la calle Ferraz estamos comunicados con el palacio de la Moncloa».
En este momento del proceso los investigadores no han ‘escalado’ al presidente del Gobierno y aseguran que «el jefe era Cerdán».
Pero ello deja a Sánchez en manos de su antiguo secretario de Organización, investigado por ahora en dos procedimientos y que ya ha conocido la cárcel.
Y en manos de un personaje como Leire Díez, que se enfrenta, como el propio Cerdán, a serias imputaciones de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Un horizonte penal sombrío.
