Ya avisaba esta semana la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, de que la PAU se celebraría sin incidentes y con plenas garantías en el marco del pulso abierto entre docentes y Conselleria por la huelga en la enseñanza pública valenciana. Con el fin del conflicto todavía sin fechas ni formas concretas y con la prueba marcada en rojo en el calendario de la semana próxima, Educación ha decidido mover ficha. Gómez, también presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100 % para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.
Este martes, la secretaria autonómica pedía «tranquilidad» a los alumnos que se enfrentan la próxima semana a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ante la amenaza de dimisión en bloque de 250 profesores encargados de corregir los exámenes. La responsable aseguraba que las pruebas se llevarían a cabo en «condiciones de normalidad» gracias a los servicios mínimos para la huelga educativa y acudiendo, si es necesario, a los profesores que hay en reserva. También recordaba las «consecuencias» para los docentes que no se presenten en la constitución de los tribunales.
Esta medida busca garantizar la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026, indican desde la Conselleria en un comunicado, y «proteger el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española». La primera convocatoria se mantiene, como estaba previsto, entre el 2 y el 4 de junio.
“La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España”, ha defendido la secretaria autonómica de Universidades.
Después del aval del TSJ a los servicios mínimos de la huelga
Aseguran desde Conselleria que la propuesta de servicios mínimos del 100 % «se fundamenta en tres pilares: el derecho fundamental a la educación recogido en la Constitución Española, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del TSJCV del pasado 11 de mayo de 2026″.
En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos, reconociendo que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es “preponderante” y que existe “un relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba”.
Esta medida, ha defendido la secretaria autonómica de Universidades, “no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación. Actuamos con la única finalidad de proteger a quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto. Nuestra obligación es no fallar al alumnado que se juega tanto”.
El pulso de los correctores
La asamblea de profesores encargados de corregir las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha tomado posiciones en el marco del conflicto que enfrenta a la comunidad docente, en huelga indefinida, con la Conselleria de Educación. Los 250 encargados de revisar y calificar estos exámenes emitieron un comunicado en el que anuncian que ante el «estancamiento de las negociaciones de la huelga» y la «incapacidad de la Conselleria», se plantean «no presentarse a la constitución de los tribunales», programada para el día 2 de junio.
En segundo lugar, los docentes amagan con una «renuncia en bloque» a formar parte de esos órganos calificadores «el mismo día de la constitución». Anuncian también la «posibilidad de adoptar otras acciones más contundentes por lo que respecta a las calificaciones, llegado el momento»
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