El último barómetro catalán ha venido a confirmar lo que ya se intuía en la calle: Aliança Catalana se convertirá en actor clave de las próximas elecciones a la Generalitat. Seguramente era inevitable. El ascenso de partidos populistas –en este caso de extrema derecha, como hace unos diez años fue de extrema izquierda– parece irremediable en una época marcada por una doble lacra: la desconfianza hacia el parlamentarismo liberal y la pérdida de lo que podríamos llamar «ciudadanía común», debido al auge las ideologías identitarias. Quiero decir que, junto a Vox, es lógico que exista AC; más aún cuando asistimos, si no a la descomposición, sí a la crisis de los partidos centrales del poder. El PSOE sobrevive a duras penas sumándose al giro antiliberal ahora en boga, es decir, renunciando a la socialdemocracia europea (en el sentido que manejó el felipismo durante las primeras décadas democráticas) para convertirse en un movimiento político reactivo al oleaje emocional de los votantes. Con un político menos hábil, menos astuto y menos atrevido que Pedro Sánchez, habría sido imposible mantener esa capacidad camaleónica de la que ha hecho gala el partido socialista durante los últimos diez años. Por su parte, el PP conserva en gran medida su poder territorial, adaptándose a las distintas idiosincrasias territoriales (más regional aquí, más nacional allá…), aunque sin conseguir escalar a nivel estatal. ¿Es Feijóo un mal candidato? No lo parece; pero, tal como sucedía con Mariano Rajoy –más divertido, por cierto, y con un humor más irreverente–, Feijóo nos recuerda más a un presidenciable del siglo XX que a uno del momento presente.
Y esto nos lleva de nuevo a Sílvia Orriols y al ascenso de Aliança Catalana, un partido con un fuerte componente racista, según puede deducirse de las declaraciones públicas de sus líderes. Si el catalanismo político se construyó sobre la idea de que catalán es aquel que vive y trabaja en Cataluña –que es la base de una concepción no étnica de ciudadanía–, ahora nos encontramos con algo distinto, mucho más inquietante y peligroso. Los comunicados de su candidato a la alcaldía de Barcelona, Jordi Aragonès, en los que apelaba a un frente común de españoles y catalanes contra «el califato», recuperan la vieja figura del chivo expiatorio sobre la que teorizó el antropólogo francés René Girard y que se encuentra detrás de los grandes casos de violencia que se han dado en la historia de la humanidad. Protegernos contra esta figura –la del culpable universal, sea por cuestión de raza, de sexo, de religión o de lengua– debería ser un mínimo irrenunciable para cualquier democracia que se precie.
Cuenta la escritora Fanny Howe que, el día en que Simone Weil vio a un brigadista asesinar a un niño durante nuestra guerra civil, ella decidió abandonar España y volver a su pacifismo radical. «Cuando un niño es asesinado –escribe Howe– por las ideas de alguien, esa ideología está acabada». Algo similar podríamos decir de la democracia: ningún objetivo político –por muy legítimo que sea en apariencia– se puede defender desde el racismo o el odio a la diferencia. La subida de la extrema derecha es tan inquietante como lo fue la de la extrema izquierda en su momento, aunque por motivos opuestos. Resulta muy difícil creer que, fuera del marco del parlamentarismo constitucional y de los valores y virtudes que la hicieron posible, la democracia tenga futuro en Occidente.
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