La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban, que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
Así lo expresa Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat y uno de los máximos impulsores de la legislación, en una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En la misiva, Hurtado se queja del «injustificable» bloqueo de la ley de imprescriptibilidad, también llamada ley del derecho al tiempo. Recuerda que la normativa ya estuvo «paralizada» durante año y medio, dado que el PSOE y Sumar alargaban, una y otra vez, los plazos de enmiendas a la totalidad y al articulado.
El 88,5% de la Cámara es favorable a ampliar, como mínimo, 10 años los actuales plazos de prescripción, según las enmiendas presentadas en la ponencia
Pero, finalmente, el plazo de enmiendas se cerró en febrero y se convocó la ponencia destinada a estudiarlas, que ha permitido constatar que el 88,5% de la Cámara es favorable a ampliar en, como mínimo, 10 años los actuales plazos de prescripción, que finalizan cuando la víctima cumple 40 años para los delitos leves y terminan a los 55 en las agresiones más graves.
Secuelas
Pero sufrir una violación en la infancia o en la adolescencia deja secuelas tan graves como el sentimiento de culpa, vergüenza o negación de lo ocurrido, que a veces impiden a las víctimas revelar lo sucedido hasta que han pasado décadas. Según investigaciones realizadas en otros países, la edad media de denuncia se sitúa en lo 52 años. Sin embargo, hay personas que necesitan aún más tiempo, de ahí que la ley que emanó de la comisión que investigó la pederastia en la Iglesia proponga que los delitos más graves sean imprescriptibles, con el fin de acabar con los resquicios actuales de impunidad.
Según expone Hurtado en la carta, una vez que arrancó la ponencia, el Ministerio de Justicia le trasladó que «había decidido priorizar la tramitación de la ley» y que el Gobierno esperaba que la norma pudiera llegar al BOE en junio. Sin embargo, la ponencia no se ha vuelto a reunir desde principios de marzo y el ministerio dirigido por Bolaños le ha transmitido que «no se va a convocar en el momento actual por motivos ajenos a la misma».
Quiero trasmitirle que, tristemente, los impulsores de la ley hemos llegado al firme convencimiento de que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la jerarquía católica para que el Congreso no apruebe esta ley antes de la visita del Papa
«Quiero transmitirle que, tristemente, los impulsores de la ley hemos llegado al firme convencimiento de que el Gobierno ha llegado a un acuerdo tácito o explícito con la jerarquía católica española para que el Congreso no apruebe esta ley antes de la visita del Papa a España, debido a que esta ley de derechos civiles acaba con uno de los mayores privilegios de los que ha gozado el clero en nuestro país, el privilegio de la impunidad», sentencia Hurtado en la misiva.
«Pacto de conveniencia»
El activista indica, además, que las víctimas temen que «el pacto de conveniencia entre el Estado y los obispos no se limite a no incomodar al Pontífice», sino que la Conferencia Episcopal «haya exigido al Ministerio de Justicia que la ley no salga adelante durante esta legislatura como condición para no romper el acuerdo de reparación extrajudicial». «Es decir, que para que los obispos accedan a seguir pagando, exijan seguir manteniendo el privilegio de la impunidad».
No puede haber reparación para las víctimas si no se aprueban también garantías de no repetición
Sin embargo, advierte Hurtado, «no puede haber reparación para las víctimas si no se aprueban también garantías de no repetición». «¿Qué sentido tiene reparar económica y simbólicamente a los afectados actuales de la pederastia clerical si, en 30 años, volvemos a estar igual, con un ingente volumen de nuevos perjudicados no reparados porque sus casos están prescritos?», se pregunta.
Por este motivo, avisa de que los impulsores de la ley aprovecharán cualquier oportunidad durante la visita del Papa «para denunciar el cambalache político alcanzado por el Gobierno y los obispos para tumbar la propuesta». Asimismo, anuncia que pedirá a los partidos políticos que no asistan al discurso del Pontífice en el Congreso, previsto para el 8 de junio.
Suscríbete para seguir leyendo
