La investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, desvela que PlusUltra «habría aportado datos falsos» para conseguir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) le concediera un rescate de 53 millones de euros tras la Covid-19.
Una ayuda pública que se habría conseguido gracias a la intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría cobrado cientos de miles de euros a través de sociedades interpuestas.
Según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), Plus Ultra presentó entre la documentación requerida para solicitar el rescate «dos certificados de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social».
El primero de ellos estaba firmado por José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El segundo, contenía la rúbrica de la jefa de Sección en la subdirección Provincial de Gestión recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid, Belén Fruiters Casado.
En ambos documentos se expresa que Plus Ultra «NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social»; y que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba «al corriente».
Sin embargo, un informe técnico encargado a Deloitte por la Sepi mientras se estudiaba la concesión de las ayudas reflejaba justo lo contrario. En concreto, apunta a que «Plus Ultra había facilitado una resolución estimatoria a fecha 5 de octubre de 2020, de aplazamiento de una deuda contraída con la TGSS».
En total, 451.954 euros de deuda que comprendía un período desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.
Según se explicaba, Plus Ultra solicitó además diversos aplazamientos. El primero de ellos en septiembre de 2017 por un total de 136.505 euros; el segundo se solicitó en junio de 2020 por un total de 308.475 euros (que incluía la deuda generada en febrero de 2020); y en junio de 2020 se solicitó otro aplazamiento para incorporar otra deuda de 200.878 euros.
No fue hasta octubre de ese año cuando la TGSS confirmó que aplazaba el total de 451.954 euros por las deudas contraídas entre 2017 y 2020.
El requisito de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social no es el único incumplimiento detectado por el magistrado acerca del rescate de Plus Ultra.
Calama recuerda que en junio de 2021 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la práctica de un informe pericial respecto al rescate de Plus Ultra.
En concreto, sobre la documentación que la Sepi había remitido sobre el expediente para la concesión de la ayuda que le fue concedida.
Pues bien, el informe final del perito Pedro Martín Molina reflejaba que la compañía «no cumplía» con la normativa que exigía tener claro si «la sociedad se encontraba o no en situación de crisis» a fecha 31 de diciembre de 2019.
¿El motivo? La existencia de «datos falsos» que provocaban «dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de [Plus Ultra] y, en consecuencia, del cumplimiento de los condicionantes para la concesión de las ayudas públicas«.
Este análisis determinó, además, que Plus Ultra «llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar».
Pese a todo, dice el auto judicial, «los informes de los asesores de Sepi fueron redactados para justificar la concesión del rescate«.
El auto del magistrado explica que para evitar que las cuentas de Plus Ultra reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, se recurrieron a distintas herramientas contables.
En concreto a «un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp», y que en realidad «obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica».
Además, llevó a cabo un canje de bonistas mediante el embargo de un avión y llevó a cabo unas provisiones «ajustadas» que no reflejaban las auténticas necesidades de la compañía.
Todo ello fue lo que permitió «maquillar» la situación patrimonial de la aerolínea para que la Sepi diera luz verde al rescate.
De hecho, es llamativo que el juez Calama destaca que «los informes presentados por los asesores de la Sepi fueron redactados para justificar la concesión del rescate» pese a todas las «dudas» puestas encima de la mesa por Deloitte.
A todo ello, señala, hay que añadir la aparición de pagos a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea. Se reflejaban «transferencias relevantes» a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra.
Todo ello mientras los máximos responsables de Plus Ultra trataban de abrir «dos líneas de influencia» para conseguir que el Gobierno diera luz verde a las ayudas.
La primera, a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. La segunda, a través de Rodríguez Zapatero.
«Ambas vías habrían operado de forma simultánea, aunque finalmente fue la del expresidente la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos».
El magistrado le sitúa como «líder» de una «estructura estable y jerarquizada» de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas.
En la misma resolución en la que el juez le otorga la condición de investigado, relata que él y sus hijas —a través de su empresa, What The Fav SL— habrían cobrado casi dos millones de euros —supuestas comisiones— de distintas empresas.
Asimismo, Calama indica que, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, la supuesta red criminal creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.
Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros).
