La mayoría del PP y Vox en el Parlament ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Puertos de Baleares, una reforma que permitirá ampliar de 35 a 50 años el plazo máximo de las concesiones portuarias, entre otros cambios vinculados a la gestión y explotación de las instalaciones náuticas del archipiélago. El nuevo texto ha salido adelante con el apoyo de ambos grupos en la mayor parte del articulado, mientras que el PSIB ha respaldado algunos puntos concretos. Las enmiendas planteadas por la oposición, sin embargo, han sido rechazadas por los votos contrarios de los grupos impulsores de la reforma.
La modificación legislativa afecta tanto a clubes náuticos como a marinas deportivas privadas y contempla, además de la ampliación de los plazos concesionales, un refuerzo del papel de clubes y marinas deportivas y la introducción de nuevos usos comerciales y recreativos en los puertos autonómicos. Durante el debate parlamentario, una de las principales discrepancias se ha centrado precisamente en el tratamiento conjunto de clubes náuticos y marinas privadas dentro de la reforma.
Desde el PP, el diputado Sebastià Mesquida ha defendido que la ley responde a la necesidad de actualizar una normativa aprobada hace dos décadas y adaptarla al marco jurídico estatal y autonómico vigente. «Baleares, que ha sido pionera en la actividad náutica, no puede quedarse atrás en lo que respecta a su marco jurídico y legal», ha señalado. El parlamentario popular sostuvo que el sector náutico balear «está considerado estratégico» y ha defendido que la ampliación de concesiones busca «facilitar que se puedan realizar inversiones y dar más seguridad jurídica».
Mesquida ha insistido en que la reforma «no es un cheque en blanco para nadie» y ha remarcado que ni la legislación actual ni la modificación contemplan «prórrogas automáticas». Según ha explicado, cualquier ampliación deberá ser solicitada y quedará sujeta a la decisión de la administración competente. Asimismo, ha revindicado que uno de los objetivos prioritarios del texto es «proteger la actividad de los clubes náuticos» y aseguró que la nueva regulación «blinda a los clubes náuticos».
Por parte de Vox, Maria José Verdú ha defendido que la reforma «no responde a una visión ideológica, sino a una necesidad real de actualización normativa», recordando que la actual ley tiene veinte años de antigüedad. La diputada señaló que el nuevo texto persigue «mejorar la gestión portuaria, reforzar la seguridad jurídica y garantizar un marco estable para un sector fundamental en Baleares».
Desde el PSIB, Marc Pons ha cuestionado que el Govern apruebe ahora una ampliación automática de las concesiones para las marinas deportivas privadas, al considerar que se están otorgando «beneficios multimillonarios a unos pocos» sin conocer cómo evolucionará el sector, la economía o el impacto del cambio climático en los próximos años. «Sería más prudente e inteligente que esta decisión no la tomáramos nosotros, sino el conseller de Puertos de 2035″, ha apuntado.
El diputado socialista también señalado que la familia del conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, pueda verse beneficiada por la reforma en relación con una marina concreta, una circunstancia que, según ha dicho, «también contamina el proceso».
Desde Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha lamentado que se haya perdido «una oportunidad de hacer una reforma profunda, moderna y equilibrada pensando en el interés general de Baleares». Aunque ha reconocido «el inmenso valor que tienen los clubes náuticos», ha criticado que la ley «no es para proteger la náutica social», sino que consolida «un modelo de gestión de los puertos y del litoral muy determinado».
La diputada considera que la reforma apuesta por «más concesiones largas, más flexibilización de los usos comerciales, menos control público y menos garantías ambientales», además de abrir la puerta a «una mercantilización mucho mayor de los espacios portuarios». «No queremos unas islas donde solo quien tiene dinero pueda acceder al mar», ha afirmado.
En una línea similar, Josep Castells, de Més per Menorca, ha calificado la modificación de la norma de «fiasco» y ha advertido de que la ley no establece diferencias suficientes entre marinas privadas y clubes náuticos. «El resultado de esta ley será una inercia imparable hacia la privatización de los puertos», ha asegurado, alertando de que los clubes y los usuarios acabarán siendo los perjudicados.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha criticado que el nuevo articulado «elimina el rastro» de la Administración en los espacios portuarios, mientras «toda la gestión se privatiza». También ha censurado la incorporación de nuevos usos comerciales, como la restauración, y ha defendido que la reforma supone «privatizar una parte de la costa».
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