El pasado mes de diciembre, la industria cerámica española, representada por la asociación Ascer, puso de manifiesto el temor a un nuevo sobrecoste para sus empresas, en forma de recortes de las emisiones gratuitas de CO2. Unas restricciones del 34% para el periodo 2026-2030. Esto puede suponer un aumento de los costes de entre 109 y 163 millones de euros anuales.
Desde ese momento se llevó a cabo una intensa ronda de reuniones con instituciones europeas o la patronal CEOE, a fin de evitar estos recortes. El argumento es claro: reducir las emisiones gratuitas es un incentivo para cambiar la tecnología hacia la descarbonización, pero en el caso de la cerámica no existe una alternativa lo bastante sólida para dar el paso. Esto deja en una situación muy delicada a las azulejeras españolas e italianas.
Presión política en Bruselas
Las patronales cerámicas de los dos países, junto a representantes del Parlamento Europeo de casi todo el espectro ideológico, celebraron el 25 de marzo un encuentro en Bruselas para hacer oír su voz. Una visita acompañada de responsables de la Comunitat Valenciana y la región italiana de Emilia-Romagna, que firmaron un manifiesto conjunto. El objetivo era marcar su posición ante la publicación por parte de la Comisión Europea de los valores de referencia (benchmark), previstos para el mes de abril.
Marta Barrachina, con el diputado de Promoción Cerámica y dirigentes de Ascer, en Bruselas. / Mediterráneo
Con casi un mes y medio de retraso ya se ha desvelado la incógnita, que supone un jarro de agua fría a las aspiraciones de la principal actividad industrial castellonense. Según detalla Ascer, «la actualización mantiene para el sector cerámico el recorte máximo de asignaciones gratuitas, algo que nos preocupa por el impacto que puede tener en competitividad, costes y empleo«.
Sin cambios en los valores de referencia
Detallan que estos valores de referencia «no incorporan cambios respecto a los borradores previos, ni recogen las propuestas planteadas por el sector cerámico europeo, pese al amplio respaldo político recibido en los últimos meses».
El hachazo de Bruselas también alcanza a la industria de los esmaltes, que tendrá un aumento de costes de unos 50 millones de euros en los próximos cinco años. «Los planes de Europa siguen como estaban», detallan fuentes de la patronal Anffecc.
La Comisión mantiene su postura
La nota emitida por la Comisión Europea defiende que la industria «seguirá recibiendo, por término medio, asignaciones gratuitas que cubren alrededor del 75% de sus emisiones«. En cambio, el recorte calculado para la cerámica es superior. Este escrito afirma que los índices de referencia «recompensan a las instalaciones más eficientes y garantizan que la asignación gratuita ofrezca un fuerte incentivo a las industrias que lideran la transición». Algo en lo que la cerámica europea está en desacuerdo.
Pese a estas circunstancias, hay dos últimas esperanzas. Por un lado, habrá «una consulta pública y de los Estados miembros antes de su adopción», que durarán cuatro semanas. Hay países, como Italia, que han mostrado su disconformidad. En cambio, la posición española ha sido mucho más tibia.
Últimas opciones antes de julio
La adopción de los parámetros de referencia -con los hipotéticos cambios respecto a la propuesta- llegará a finales de junio. El último recurso llegará «a más tardar en julio de 2026«, detalla la Comisión Europea. En ese momento revisará el sistema con vistas a modernizarlo». La institución comunitaria ha escuchado atentamente las preocupaciones planteadas por la industria y los sectores más afectados. En respuesta, propondrá la introducción de parámetros de referencia alternativos específicos para cada sector como parte de la próxima revisión». Esto permitiría «definir dichos índices de referencia alternativos específicos para cada sector y establecer una metodología para determinar los respectivos valores de los índices de referencia. Para prestar un apoyo oportuno y eficaz a los sectores afectados, la metodología revisada debe ser aplicable lo antes posible».
Desde Ascer señalan que seguirán «trabajando en todas las vías posibles para que el marco regulatorio tenga en cuenta la realidad tecnológica del sector«.
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