El Gobierno ha iniciado los primeros trámites urbanísticos para poner en marcha la reforma y ampliación de la sede del Tribunal Constitucional en Madrid, situada en el número 6 de la calle Domenico Scarlatti, en el distrito de Chamberí. La Administración General del Estado (AGE) planea invertir en esta obra cerca de 35 millones de euros, importe que permitirá aumentar en alrededor de un 20% la superficie del complejo, que alcanzará los 41.000 metros cuadrados.
Según la documentación a la que ha accedido este medio del estudio de detalle, trámite urbanístico que debe cumplir, que ha sido redactado por el Estudio Álvarez Sala, despacho de arquitectura detrás de grandes obras como la actual Torre PwC, entre otras, la AGE planea ampliar la edificabilidad del complejo desde los 34.601 metros cuadrados actuales hasta los 41.521, cifras que se traducen en un aumento de capacidad cercano a los 7.000 metros cuadrados, alrededor de un 20%, el máximo permitido por el plan general de Madrid de 1997.
La sede del Tribunal Constitucional no se trata de un edificio protegido, pero sí está en un área de protección arqueológica y paleontológica, denominada Terrazas del Manzanares. Sin embargo, la AGE entiende que «la arquitectura del edificio y su rotundidad de formas se ha mantenido como una referencia icónica, enlazada de forma indisoluble con la institución», motivo por el que creen que su estructura «debe ser preservada».
El objetivo de la obra es que los nuevos incrementos de edificabilidad se materialicen dentro del edificio existente sin cambiar su volumetría, que se verá solamente afectada en el cerramiento de la fachada principal, en las terrazas, en el volumen auxiliar de instalaciones en la cubierta ajardinada y en la eliminación de las actuales escaleras exteriores de emergencias.
Infografías de los cambios que se ejecutarán en la sede del Tribunal Constitucional / Redacción – G. S.
Hacienda entiende que la reforma debe llevarse a cabo porque el edificio necesita «una actuación que permita mejorar sus prestaciones a nivel tanto funcional como térmico, así como contrarrestar una paulatina pérdida de imagen y representatividad, motivada en gran medida por el lógico desgaste de los acabados». En el documento, los autores reconocen que «en el interior existen desequilibrios entre zonas con una ocupación y uso muy intenso frente a otras zonas infrautilizadas», así como la necesidad «de espacios de reunión y otros usos» y «recuperar zonas colonizadas por algunos usos de forma desordenada».
Una reforma de 35 millones de euros
De acuerdo a la memoria económica del estudio de detalle presentado por Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, la AGE invertirá 34,9 millones de euros en la obra. La mayor partida será el presupuesto de ejecución material, 29,33 millones: la instalación de electricidad e iluminación costará 4,83 millones, la climatización 3,5 millones, las actuaciones en la estructura 2,4 millones, los solados 2,2 millones y la carpintería interior cerca de otros 2 millones, gastos que se suman a partidas de menor importe, como demoliciones, movimiento de tierras, albañilería, impermeabilización de cubiertas, pintura, instalaciones, equipamientos o soldaduras. Los autores consideran que cuentan con «crédito adecuado y suficiente» para ejecutar la remodelación con cargo de los presupuestos del Estado.
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