El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña se ha dirigido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para preguntar a este organismo si investiga el suceso ocurrido el pasado 7 de abril con un casco azul español.
En esa fecha, en el sur del Líbano, un convoy logístico del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) fue interceptado por fuerzas armadas de Israel y un soldado fue, aparentemente, retenido.
Por ello, a raíz de este suceso, el partido Iustitia Europa presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra, entre otras personas, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.
Esta formación política le atribuye los delitos de coacciones, detención ilegal y de crímenes de guerra, por la «retención ilegal» de un soldado español.
Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, preguntó recientemente a la Fiscalía si considera que la Audiencia Nacional tiene competencias para investigar la citada denuncia.
En respuesta, a través de un informe, el fiscal instó al juez a preguntar a la ONU si ya existe alguna investigación por su parte sobre estos hechos. De ser así, la Justicia española se vería abocada a no investigar estos hechos.
Tal y como consta en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU «podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia».
Asimismo, la Fiscalía adscrita a la Corte Penal Internacional (CPI) puede iniciar investigaciones en base a información proporcionada por individuos o grupos, Estados u ONG, así como por una comunicación efectuada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Así las cosas, tal y como desvelan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, la Fiscalía española y el juez Piña esperarán a recibir una contestación por parte de Naciones Unidas y, una vez cuenten con ella, decidirán si consideran que la Justicia patria puede investigar la denuncia contra Netanyahu.
Iustitia Europa, el partido que la presentó, también acusa de los mismos tres delitos a Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Es, por tanto, el superior jerárquico de las unidades israelíes implicadas en el suceso.
La formación política, presidida por Luis María Pardo, también apunta al responsable del Comando Norte de las IDF, en calidad de responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos.
Fachada de la Audiencia Nacional.
Europa Press
En su denuncia, como diligencias, Iustitia Europa solicitó la testifical de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y del casco azul retenido.
El partido también sugería requerir a las agencias de cooperación policial internacional Europol e Interpol información sobre las «unidades y personal militar israelí» que operaban en la zona de Taybeh (Líbano) el 7 de abril de 2026.
La formación también subrayaba en su denuncia que «la condición» del soldado retenido como miembro de una «fuerza de paz internacional» adscrita a Naciones Unidas «era inequívoca».
«Sus vehículos portan los emblemas de la ONU y las señalizaciones distintivas correspondientes, lo que excluye cualquier posibilidad de error en su identificación», reprochaba Iustitia Europa en su denuncia.
