Las familias de los mineros fallecidos en el accidente de Cerredo consideran «un paso en la buena dirección» el anuncio del Principado de Asturias de que establecerá ayudas de urgencia para las víctimas de accidentes laborales, pero recuerdan que ha pasado un año desde el siniestro de Cerredo, «un año de dolor, de espera y de una respuesta institucional que no siempre ha llegado con la rapidez que las circunstancias exigían», según trasladó la abogada Beatriz Llamas, que representa a las familias de cuatro de los cinco fallecidos.
El anuncio del Gobierno regional «abre por fin una vía que las familias llevaban tiempo necesitando», aseguró Llamas. Pero también recalcó que puede ser una oportunidad «para empezar a dar una respuesta más justa a quienes han sufrido pérdidas irreparables». La representante legal de las familias reclama «rapidez, hechos concretos, plazos claros, cuantías suficientes y mecanismos ágiles» en las ayudas anunciadas por el Gobierno asturiano, para permitir a las familias «acceder a este apoyo sin más demora».
La abogada leonesa recalca que «existen instrumentos legales que permiten actuar de forma inmediata». Así, refiere el caso de las ayudas de carácter excepcional por razones humanitarias o «los anticipos económicos cuando concurren indicios de responsabilidad». Además, señala que «su aplicación no implica reconocimiento de culpa», sino que constituye la manifestación del «cumplimiento de un deber básico de protección y acompañamiento a las víctimas».
«Las familias no han pedido privilegios, sino que desde el primer momento han pedido humanidad, responsabilidad y acción», asegura Beatriz Llamas.
Para los familiares de los mineros que fallecieron en el accidente de Cerredo «se abre una puerta», pero también advierten que «es el momento de que la Administración la convierta en una solución real y efectiva».
«Detrás de cada expediente hay vidas rotas», asegura Llamas, que también recalca que con todo, las víctimas están esperanzadas de que «por fin empiece a llegar la respuesta que merecen». Las familias de los fallecidos han iniciado, no obstante, una reclamación patrimonial ante el Principado.
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