El caso de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante vuelve al Congreso de los Diputados. Compromís ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno de España una revisión de los mecanismos de control interno en las entidades locales, tomando como referencia lo sucedido en la primera promoción de vivienda protegida que se construyó en Alicante en veinte años y las dudas generadas sobre la transparencia en la adjudicación de vivienda pública.
La formación valencianista sitúa así el foco de la cuestión sobre si los actuales sistemas de fiscalización municipal son suficientes para prevenir conflictos de interés y garantizar procesos limpios, tras meses marcadas por la polémica política en Alicante, donde el escándalo ha derivado en dimisiones, como el de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, investigaciones internas en marcha y una creciente presión sobre el equipo de gobierno del PP.
Al amparo del reglamento de la Cámara Baja, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha formulado una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo en la que interpela directamente sobre la eficacia de los controles actuales. En concreto, plantea si el sistema de control interno en las entidades locales es suficiente para evitar conflictos de interés en la adjudicación de vivienda pública.
La pregunta se fundamenta en los hechos conocidos en el Ayuntamiento de Alicante, así como en las informaciones publicadas sobre posibles deficiencias en transparencia y acceso a la información. También hace referencia a la existencia de informes de carácter vinculante que, según se ha difundido, carecerían de fecha o firma identificable, un extremo que, de confirmarse, cuestionaría la fiabilidad de los procedimientos administrativos.
Exigencia de revisión y más recursos
El portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha reclamado una actuación inmediata del Ejecutivo central para revisar los controles en el consistorio. «Tras el escándalo de las VPP, exigimos al Gobierno de España que actúe y evalúe si los mecanismos de control en el Ayuntamiento de Alicante están funcionando correctamente», ha señalado Mas.
Mas ha puesto el acento en la falta de habilitados nacionales, los funcionarios encargados de garantizar la legalidad y el control económico en los ayuntamientos. «No es razonable que una ciudad como Alicante cuente con el mínimo habilitados nacionales», ha advertido Mas. En este sentido, Compromís reclama al Ministerio de Hacienda que analice de forma urgente si el número de estos profesionales es suficiente y si los controles internos están operando como deben. «La ciudadanía merece una administración transparente y bien controlada. Lo ocurrido no puede volver a repetirse», ha insistido Mas.
La justificación de Barcala: «Rocío se equivocó»
La pregunta de Compromís llega tras las últimas explicaciones ofrecidas este fin de semana por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la primera ejecutiva local del PP desde que saltara el escándalo, quien calificó como «una equivocación» el hecho de que su entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos de sus familiares accedieran a viviendas protegidas en la promoción de Les Naus.
En una reunión del comité ejecutivo local del Partido Popular celebrada en el Real Liceo Casino, el regidor abordó el asunto ante los afiliados, aunque sin profundizar en algunas de las cuestiones clave que siguen abiertas. Entre ellas, quién decidió modificar el contenido de un informe oficial de Patrimonio para eliminar la posible responsabilidad del Ayuntamiento o si se actuó al conocer la inminente publicación de informaciones sobre el caso.
Tampoco aclaró por qué no se trasladó a la oposición la intención de varios funcionarios de colaborar con la comisión de investigación, entre ellos técnicos que habían advertido previamente de posibles conflictos de interés en la promoción de La Condomina.
El caso derivó en la dimisión de Gómez, que había sido número tres en la lista electoral del PP en 2023, después de conocerse su adjudicación de una vivienda protegida. Posteriormente, se supo que también resultaron beneficiados su excuñada y su suegro, este último sin cumplir los requisitos exigidos, según constató la Conselleria de Vivienda, además de producirse un intercambio de inmuebles dentro de la promoción.
Suscríbete para seguir leyendo
