La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha arremetido esta mañana contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, a la que ha acusado de ser «masiva e indiscriminada» y de poner en riesgo la capacidad de los servicios públicos. «No todo el mundo que llega es un delincuente, pero tampoco es un ser de luz», ha advertido, al tiempo que ha defendido que exigir antecedentes penales es «lo mínimo» para garantizar la seguridad.
Prohens ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa este lunes sobre la rehabilitación del edificio de Cecili Metel, a preguntas de los medios de comunicación, donde ha criticado con dureza la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta ha asegurado que contribuye al «efecto llamada» y favorece a las mafias que «hacen negocio con algo innegociable como es la dignidad de la vida humana». A su juicio, se trata de una decisión «irresponsable» que ignora la capacidad de integración de las comunidades autónomas y la presión que ya soportan los servicios públicos.
En el caso de Baleares, Prohens ha señalado que la medida no tiene en cuenta factores como el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional o la carga asistencial en ámbitos como la sanidad. «El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares», ha advertido, al tiempo que ha reprochado al Gobierno central que no haya acompañado esta decisión de una mejora de la financiación autonómica.
En este sentido, ha recordado que el Govern recurrirá «por todas las vías legales a su alcance» la regularización extraordinaria y solicitará su suspensión, al considerar que, aunque la competencia en inmigración es estatal, el impacto recae «única y exclusivamente» sobre las comunidades autónomas.
En todo caso, Prohens ha defendido una inmigración «legal, ordenada y que venga a integrarse, a trabajar y a respetar nuestras leyes», y ha insistido en que Baleares ha sido «siempre una tierra de acogida» para quienes llegan «a sumar y contribuir».
Respecto a los requisitos del proceso, la presidenta ha valorado que se haya introducido la exigencia de antecedentes: «Es lo mínimo que se pida un certificado de antecedentes penales para que se garantice la seguridad de los ciudadanos», ha afirmado, después de criticar que inicialmente se planteara una «simple» declaración responsable.
Ha reiterado que, aunque «no todo el mundo que llega es un delincuente», tampoco se puede prescindir de controles. En esta línea, ha criticado la «falta de información» sobre el número de personas que podrían acogerse a la regularización en Baleares, lo que, según ha dicho, dificulta la planificación de servicios como la sanidad, la vivienda o el transporte.
Además, ha alertado del «caos» en las oficinas de extranjería, donde, según ha denunciado, existen prácticas que atentan contra la dignidad de los inmigrantes y que podrían agravarse con este proceso.
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