“Una propuesta legislativa hecha a la medida del sector privado”. Así define el informe jurídico encargado por la asociación Per l’Horta el anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana impulsado por el Consell del PP. El estudio, encargado a la cooperativa El Rogle, advierte del “retroceso respecto a los principios de precaución, planificación pública y participación ciudadana” que supone esta norma, que modifica la vigente Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
La propuesta de modificación legislativa “prioriza los intereses de los grandes promotores”, resume Ana de Sousa Selfa, de El Rogle y autora del informe. El informe encargado por Per l’Horta también destaca “el debilitamiento del deber de planificación de la Administración Pública”. Por ejemplo, señalan, se quiere modificar la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) para que pase de tener un carácter director a simplemente orientativo, además de cambiar los planes generales. “Esto implica que se pierde la visión estratégica y de conjunto, permitiendo modificaciones ad hoc a proyectos concretos que, muy probablemente, no siempre responderán a intereses generales, sino de promotores particulares”, dice el documento.
Abre la puerta a desigualdades
Otra modificación que introduce el anteproyecto de Ley del Suelo y que critica el informe, es la sustitución de los planes especiales de minimización de impactos en suelos no urbanizables por órdenes individualizadas. Esos planes son utilizados para ofrecer soluciones a zonas construidas en situación de fuera de ordenación. Según la cooperativa de abogados, el cambio propuesto supone dejar estos planes únicamente bajo el control municipal y abrir la puerta “a la creación de situaciones jurídicas individualizadas que refuerzan desigualdades”.
En la misma línea de reducción del papel de la Administración Pública, el análisis cita la posibilidad de privatizar la gestión de los procesos de expropiación, el refuerzo de la figura del agente urbanizador privado o la posibilidad de conceder declaraciones de interés comunitario con carácter permanente.
Una zona recién construida en València / Germán Caballero
Una “alfombra roja para la especulación”
Por otra parte, el informe señala la creación de nuevos instrumentos de planeamiento simplificados para los 225 municipios de menos de 1000 habitantes de la Comunitat Valenciana. Ese cambio responde a “una demanda real”, admiten los expertos de El Rogle. Pero denuncian que se enmarca en “la pérdida de peso de lo público en favor de la iniciativa privada” y falta de personal especializado en urbanismo en los pueblos más pequeños, se puede “estar creando una alfombra roja para la especulación con el territorio de los municipios pequeños”.
También se alerta del “debilitamiento del principio de precaución”. Algunos ejemplos son la eliminación de la distancia de seguridad mínima de mil metros respecto a actividades económicas que implican riesgos para la salud o la modificación del régimen de los suelos no urbanizables, en los cuales, de acuerdo con el anteproyecto de la ley, estarán permitidas todas las actividades que no estén expresamente prohibidas en la planificación general de los municipios.
En este sentido, Antonio Montiel, miembro de Per l’Horta, destaca que “la víctima principal de las políticas que impulsa el Consell del PP será el suelo no urbanizable, un recurso estratégico vital para la agricultura y el equilibrio territorial”, y asegura que las políticas de liberalización del suelo como las que promovió el Gobierno de Aznar en el ámbito estatal en 1998 “contribuyeron a la burbuja especulativa y la crisis posterior”.
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