«Los años pasados desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por sentencia del Tribunal Supremo 791/1983, de 22 de abril, permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente«.
Así aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una de las conclusiones por las que el Gobierno decidió desclarificar algunos archovos relativos a ese episodio, según consta en el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros «por el que se desclasifica documentación relativa al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981», y al que se llegó, dice, «a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la ministra de Defensa y del ministro del Interior».
El acuerdo consta de un anexo de tres páginas en el que se pone en valor que el «conocimiento riguroso de nuestro pasado reciente, y en particular de aquel intento de quebrar el orden constitucional, nos recuerda que la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones».
Se señala que «el 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional».
Porque «el intento de golpe de Estado, que comenzó con la irrupción de un grupo de guardias civiles en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad».
«Comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático», reza el acuerdo publicado y que da pie a la desclasificación de los documentos que serán de conocimiento público este día en la página web del Gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es).
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