El acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como president explicitaba que Catalunya podría empezar a recaudar el IRPF en 2026. Sin embargo, la materialización de este pacto ha sido más complicada de lo que los republicanos preveían inicialmente y aún no se ha desbloqueado. Este sábado, día que se preveía que ERC comunicaría formalmente su disposición a negociar las cuentas catalanas, Oriol Junqueras ha anunciado todo lo contrario: «No se dan las condiciones necesarias». El líder republicano se ha expresado así después de considerar que no hay «suficientes garantías» de que Cataluña podrá recaudar y gestionar el IRPF, tras mantener una reunión con Pedro Sánchez este viernes en la Moncloa.
Fuentes del Ministerio de Hacienda que preside la vicepresidenta María Jesús Montero aseguran estar sorprendidos por esta negativa de los republicanos. Sostienen que «siempre» han sido «claros y contundentes» con su oposición a la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat. En este sentido, apuntan que ellos nunca han dado «expectativas» a los republicanos y que les han insistido con que «no podría ser». En este sentido, sitúan el acuerdo en lo que ya pactó la Comisión Bilateral del pasado julio: que la ATC pueda recaudar el IRPF «en red» con el Estado. No se oponen a ceder la función recaudatoria ni cierta capacidad de gestión, pero siempre que se coordine con la administración estatal. Sin embargo, afirman estar «abiertos al diálogo».
Por contra, Junqueras ha asegurado haber estado «bastante cerca» del pacto durante la reunión con el presidente del Gobierno, pero que finalmente no logró suficientes garantías. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó el viernes su «compromiso total» con esta cuestión, y este sábado la consellera y portavoz Sílvia Paneque ha asegurado que van a «sudar la camiseta» para lograrlo. A pesar de esta posición favorable del Govern, es el Ministerio de Hacienda es quien tiene la última palabra.
ERC presentó una ley en el Congreso para hacerlo cumplir con esta demanda, pero finalmente la retiraron para facilitar la negociación. Según el texto de los republicanos, Cataluña asumiría en una primera fase la fiscalización de todas las deducciones autonómicas –que, aunque dependen de los gobiernos autonómicos, son de gestión estatal– y las campañas ciudadanas del IRPF, como ya hace la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Posteriormente, gestionaría el impuesto y cuestiones como la recepción y tramitación de las declaraciones y las devoluciones y la verificación de datos, entre otras. No sería hasta una última fase que ya recaudaría el IRPF y tendría competencias de inspección tributaria.
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