La defensa de Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la esposa de Pedro Sánchez acusada de malversación de caudales públicos, considera que la audiencia preliminar a la que fue llamaba la semana pasada junto a Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado con tan solo 24 horas de antelación debe anularse. El abogado José María de Pablo ya advirtió del interés de su cliente por asistir a esta diligencia, si bien la premura de la citación lo impidió puesto que la asesora se encuentra de viaje fuera de España y hasta el próximo 28 de septiembre.
Según el recurso adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Peinado debería dejar sin efecto la diligencia que celebró el pasado 8 de septiembre y señalar una nueva fecha para la audiencia preliminar — que constituye la última oportunidad para que la defensa trate de evitar la apertura del juicio oral–, que debería celebrarse en todo caso después del próximo día 28. Ello obligaría a que fuera otro juez el que decidiera finalmente si Gómez y Álvarez deben someterse ante un tribunal del jurado, puesto que Peinado se jubila forzosamente el próximo 27 de septiembre al cumplir los 72 años.
En uno de sus últimos escritos el abogado de la asesora ya puso de manifiesto la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación, por lo que invocó como vulnerado el derecho de defensa que asiste a la trabajadora en Moncloa.
Ahora incide en esta circunstancias y argumenta que «no existen diligencias pendientes cuya práctica sea urgente» y que «un retraso de escasas semanas –hasta la vuelta de la acusada el 28 de septiembre de 2026– no causa perjuicio alguno al procedimiento, máxime tratándose de una instrucción que se viene prolongando desde el año 2024″. A su juicio, el señalamiento urgente de la audiencia preliminar respondió a que el juez tenía aprobado su plan de vacaciones del 9 al 18 de septiembre de 2026, y esta circusntancia «en ningún caso puede prevalecer sobre el derecho de defensa de la acusada».
La acusación popular, ejercida bajo la dirección letrada de Hazte Oír, pide para Cristina Álvarez 6 años de cárcel, a lo que se suma una petición de inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del ‘software’ creado para el desarrollo de la cátedra universitaria. Será la única acusación con la que se enfrente ante el jurado popular, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.
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