En el futuro, en caso de atentado con una bomba sucia nuclear… la Policía y la Guardia Civil tendrán un fichero con nombres y contactos de laboratorios españoles con capacidad forense nuclear para analizar material atómico o radiológico utilizado en el ataque.
Es una de las medidas que se propone el Gobierno en la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en un futuro que vuelve a asomar por el horizonte, y ante una creciente posibilidad de acceso de facciones armadas, incluso actores individuales, a tecnologías de gran destrucción.
El documento ha recibido encarnación jurídica en el BOE este lunes, después de más de un año de elaboración coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional, órgano asesor de Presidencia del Gobierno.
El escudo español
Esta estrategia nacional contra las armas de destrucción masiva ha llegado al BOE después de que este sábado, en la Cumbre de Seguridad de Múnich, el presidente del Gobierno se pronunciara contra un refuerzo del poder militar atómico de Europa. “La disuasión nuclear exige cero errores» dijo Pedro Sánchez, e insistió: «No es una garantía, sino una apuesta peligrosa”.
La estrategia recoge una larga serie de medidas principales, parte de ellas legislativas para disponer a los aparatos del Estado contra la proliferación en sus diversos niveles, también el internacional. Otra parte de las medidas plantea el refuerzo de mecanismos de seguridad y resiliencia en caso de crisis nuclear, radiológica, biológica o química. Y otras disposiciones auguran el incremento del control legal, industrial y comercial para que España no sea lugar de origen o de paso de esas armas o de sus componentes.
Pedro Sánchez, el pasado sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich. / Sven Hoppe EUROPA PRESS
La estrategia planea crear otro listado de puntos vulnerables clave de España, además del existente de infraestructuras críticas que ya incluye centrales nucleares, embalses, almacenes logísticos estratégicos, generadores de energías, colectores de agua… Se trata de construir un catálogo más amplio en el que entren también infraestructuras que no están señaladas como críticas, pero que “puedan poseer por su tipo de actividad un alto potencial de impacto en la Seguridad Nacional desde la perspectiva de la proliferación”.
En ese marco, comenzarán en un plazo no determinado los trabajos para “redactar un Plan de Seguridad Química”.
Además, Moncloa quiere crear una Comisión Nacional de Biocustodia, para elementos y restos biológicos peligrosos. Ante ese vector de amenaza -uno de los que quitaba el sueño a los servicios de información policiales incluso antes de la pandemia, cuando menudearon envíos terroristas de sobres con ántrax– el Departamento de Seguridad Nacional ha planteado un “Plan de Acción” después de que se evalúen las capacidades de respuesta sanitaria ante este tipo de emergencias y de “amenazas transfronterizas graves para la salud”.
Cuando se apruebe un Reglamento Sanitario Internacional que se está elaborando, Moncloa ordenará adecuar el Sistema Nacional de Salud a lo que refiera ese reglamento “en lo que pueda tener relación con posibles amenazas biológicas”.
El Gobierno también planea revisar cómo están protegidas, físicamente y contra ciberataques, las instalaciones nucleares y radiactivas del país. Eso implica “actualizar la Amenaza Base de Diseño” para “los sistemas de protección física de las centrales nucleares y de aquellas instalaciones nucleares y fuentes radiactivas que se considere necesario”.
Red nacional de respuesta
Las Naciones Unidas definen el arma de destrucción masiva (o ADM) como aquella capaz de eliminar indiscriminadamente a un número muy elevado de personas y causar daños irreparables en el medio ambiente y las infraestructuras.
El consenso internacional incluye cuatro tipos de armas de destrucción masiva: las bombas nucleares, las emisiones radiológicas asociadas o no a esas bombas, los gases y otras sustancias químicas venenosas y las contaminaciones intencionadas con virus y bacterias letales.
Contra estas amenazas en España, pero también contra su proliferación en el mundo, se articula la estrategia recién elaborada. En su preámbulo considera un factor de riesgo “la suspensión del diálogo estratégico EEUU-Rusia en materia de control de armamentos”, pues “la actitud de Rusia está llevando al bloqueo de numerosos foros y la crisis de alguno de los instrumentos básicos”. Además, en la guerra de Ucrania, “las acciones militares se desarrollan en las cercanías de centrales nucleares”.
Un viajero con mono protector y máscara antigás en el aeropuerto de Barcelona, en mayo de 2020. / Alejandro Garcia EFE
Una de sus principales decisiones que recoge la estrategia es la de dedicar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y otros órganos gubernamentales a evitar que operadores terroristas o potencias extranjeras puedan conseguir elementos para armas de destrucción masiva escamoteando desvíos de material en la industria, el comercio o la agricultura. O sea, vigilar “riesgos en los sectores de doble uso en la industria, la sanidad, la agricultura, investigación, transporte y comercio nacional e internacional”.
De sus medidas principales se desprende la intención de tener preparado a un amplio sector de los empleados públicos para situaciones de enorme crisis que pueden representar estas armas. Así, se contemplan medidas para adiestrar a diplomáticos, técnicos de Comercio y médicos de la sanidad pública, entre otros colectivos.
Este cuerpo de personas preparadas en sectores públicos se combinará con las Fuerzas de Seguridad y los ejércitos en un entramado nacional de respuesta, también con entidades privadas. Entre ellas, laboratorios que puedan integrarse en una Red de Alertas Químicas, la RELAQ, de próxima aparición.
Será delito
Hoy es poco previsible que España sufra un desastre de este tipo, pero, si ocurre, sus consecuencias son devastadoras. La estrategia lo dice de otra manera: el riesgo de las armas de destrucción masiva es para este país “uno de los de menor grado de probabilidad, pero con un impacto potencial de gran nivel”.
Por eso este plan va a tener impactos legislativos. El primero: una modificación del Código Penal para introducir como delito la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Y,. entre otras innovaciones, un cambio de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que ya tiene 15 años, para introducir medidas de control del tráfico de componentes de ADM.
La estrategia traerá cambios también a la Ley del Contrabando, con posible incremento de las penas, y recomienda “estudiar una posible redefinición de los conceptos exportación, expedición, importación (…) para abordar la problemática relacionada con transferencias intangibles de tecnología y software”.
El Gobierno quiere crear bases de datos centralizadas, sobre todo para las fuerzas policiales, y también establecer pasillos de conexión con un Comité Especializado de No Proliferación de las agendas de la JIMDDU y el SEPBLAC, o sea, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso -lupa del Ministerio de Economía sobre el tráfico de armas- y el órgano de prevención del blanquero de capitales.
La otra destrucción masiva
Ha querido la casualidad que esta iniciativa contra las armas de destrucción masiva se publicara en el BOE mientras corría por las redes sociales una alarmante afirmación de un asesor del Departamento de Salud del gobierno Trump sobre contaminación biológica… en España.
Se llama Robert Malone, es uno de los teóricos que apoya la política antivacunas del secretario de Sanidad Robert F. Kennedy. Ha dicho en una entrevista que en España un laboratorio investiga cómo reforzar el virus de la peste porcina y ha insinuado que el gobierno español y la UE ocultan sus efectos y el origen del brote de peste porcina en Catalunya. Inmediatamente, ha sido repicado por canales ultras en las redes sociales.
Hay en la estrategia de Moncloa un breve apartado contra otro tipo de intoxicación, que no es química, ni radiológica, ni biológica, ni atómica: el envenenamiento de la opinión pública con bulos o tergiversaciones sobre esos peligros. La estrategia se plantea “desarrollar protocolos específicos de actuación ante noticias falsas o desinformación en las que se utilice como elemento de alarma algún arma NRBQ”.
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