El comité intercentros de la Fundación de Atención para la Dependencia no descarta adoptar nuevas medidas de presión ante el retraso de la subida salarial pactada por el Govern el pasado mes de octubre.
Además, ha solicitado una reunión urgente con el Ejecutivo autonómico en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib) para abordar el incumplimiento del acuerdo.
CSIF, sindicato mayoritario en el comité, exige el cumplimiento de los acuerdos firmados que permitieron poner fin a la huelga indefinida en el servicio de Atención a la Dependencia de finales del año pasado.
El acuerdo, recuerda la organización sindical en un comunicado, establecía el abono de los atrasos aún pendientes de todo 2025 antes del 31 de enero de 2026.
No obstante, siempre según CSIF, la consellera del ramo, Sandra Fernández, remitió un escrito al comité intercentros confirmado que «incumpliría» y que de momento no abonaría los complementos retributivos alegando «complejidad de los informes necesarios» de la Dirección General de Función Pública.
Así, subraya el sindicato, no es que el Govern todavía no haya pagado nada de lo que debe a los trabajadores, sino que sigue incrementando su «deuda» con ellos.
«Desprecio absoluto»
«La decepción ha sido mayúscula, es un desprecio absoluto no solo hacia los trabajadores, sino también hacia los usuarios del servicio y a las familias de personas dependientes con las que se había comprometido el Govern. Los problemas de la atención a la dependencia no se solucionan con fotografías, sino con hechos», critica la presidenta del comité, Marina Martínez.
CSIF exige el abono inmediato de todos los complementos acordados «sin más fraccionamientos ni aplazamientos».
Para ello, han solicitado una reunión urgente en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balear (Tamib). Pretenden a través de este organismo poder abordar esta cuestión con los representantes del Ejecutivo autonómico.
Estos complementos retributivos, que supondrían una subida salarial de entre 4.200 y 6.300 euros brutos anuales, están incluidos en el decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales que fue aprobado por el Consell de Govern y convalidado por unanimidad por el Parlament.
Dos meses después, lamentan los representantes de los trabajadores de la Fundación para la Dependencia, el Govern «no ha abonado absolutamente nada» y el servicio «sigue en situación crítica.
Ante este panorama, si no se soluciona esta situación, los trabajadores no descartan adoptar «nuevas medidas de presión», advierten.
