La Audiencia Nacional ha incorporado a la pieza separada del caso Koldo que investiga el presunto fraude en contratos de obra pública el informe con el que Adif justifica la certificación final de una obra ejecutada en vías asturianas: la estabilización de varios taludes de las trincheras de la línea de la antigua Feve entre Gijón y Pravia situados en Soto del Barco. La actuación, adjudicada de emergencia a Levantina Ingeniería y Construcción S.L. —LIC, también citada como LLIC, y una de las firmas investigadas en la trama—, tenía un presupuesto inicial de 489.300 euros antes de IVA, 592.053 euros con impuestos, aunque la liquidación final rebajó esa cantidad en 97.224,28 euros, un 19,87% menos.
La documentación fue remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y unida a la pieza por providencia del magistrado Ismael Moreno, que instruye la pieza separada. La resolución, fechada ayer 15 de septiembre, no entra en el fondo de la obra ni concluye si hubo o no irregularidad. Lo relevante es que incorpora formalmente a la causa el oficio de la UCO que da cuenta del cumplimiento del requerimiento efectuado a Adif sobre los trabajos ejecutados por Levantina en Asturias y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas.
La trama de obras públicas
Esta pieza separada se centra en la rama de contratos de obra pública del caso Koldo, que analiza si desde el entorno del Ministerio de Transportes se favoreció de forma irregular a determinadas constructoras. En el relato de la UCO aparecen como nombres principales Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ambos en ya sentenciados en otra pieza de la trama de corrupción; Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; Javier Herrero, ex director general de Carreteras; Antonio Fernández Menéndez, vinculado a empresas adjudicatarias; e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por las conversaciones relativas a contratos ferroviarios.
Asturias ha aparecido en esta parte de las investigaciones hasta ahora por dos obras. La primera, ya recogida en el informe de la UCO, es la adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina, adjudicada a la UTE formada por Construcciones Pérez Jiménez y OPR por 7.383.932,05 euros. En torno a esa licitación los agentes destacaron mensajes como “Asturias está muy bien, iremos por allí” o “parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias”. La segunda es la obra de emergencia de Adif en la antigua red de Feve entre Gijón y Pravia, ahora documentada con el informe técnico incorporado a la causa a través de una providencia del juez Moreno.
Según el relato investigador, Koldo García intercedió a favor de Levantina (LIC) en varios proyectos, incluido este contrato ferroviario. La UCO cita una conversación de noviembre de 2020 con Isabel Pardo de Vera en la que el exasesor de Ábalos insistía en que se adjudicara alguna obra a esa empresa. La entonces presidenta de Adif se resistía inicialmente y advertía de que la constructora había recibido hacía poco otro encargo: “Hace nada, es que otra vez va a cantar”. Los investigadores sostienen que Koldo propuso primero una obra de mantenimiento y, ante la negativa, una de emergencia. Un mes después, Adif propuso a LIC como adjudicataria de la intervención asturiana.
La obra en cuestión
El informe de Adif incorporado ahora a la causa describe el origen de la actuación. El 14 de octubre de 2020 se produjo un desprendimiento en el talud situado en la margen derecha, en el entorno del punto kilométrico 4/300 de la línea de ancho métrico Gijón-Pravia, entre el apeadero de Riberas y la estación de Soto del Barco. La vía, única y electrificada, quedó afectada por la caída de tierras y arbolado. Según el documento, el desprendimiento ocupó el gálibo de la vía “antes del paso de un tren de viajeros”, que arrolló el material desprendido, descarrilando el coche de cabeza y causando heridos leves.
Adif destaca que en el momento del suceso no había ningún aviso meteorológico activado, aunque sí se habían producido lluvias intensas y continuadas en los días anteriores. Tras el incidente se liberó el tren, se limpió el material caído y se revisó el tramo. Esa revisión detectó nuevos desprendimientos en los puntos kilométricos 4/500 y 4/535, además de zonas con material susceptible de desprenderse “en el corto-medio plazo”. La declaración de emergencia planteó trabajos para controlar los procesos que podían desencadenar nuevos deslizamientos, recuperar la superestructura ferroviaria y garantizar la seguridad de la circulación.
La propuesta inicial desglosaba 466.000 euros de base imponible: 31.000 euros para movimiento de tierras; 375.000 para membrana, cables y bulones de refuerzo de talud; 5.000 para escollera de refuerzo; 12.000 para drenaje; 18.000 para gestión de residuos, y 25.000 para seguridad y salud. A esa cifra se añadían 23.300 euros en costes y gastos, el 5%, hasta alcanzar los 489.300 euros antes de IVA.
Los números finales de la obra
La certificación final, sin embargo, redujo el presupuesto una vez se ejecutaron los trabajos. Adif recoge un adicional negativo de 97.224,28 euros antes de IVA, equivalente al 19,87% del presupuesto de adjudicación. El presupuesto de ejecución material quedó en 373.405,45 euros, repartidos en cuatro capítulos: 13.893,89 euros para tratamiento de vegetación; 325.087,41 para refuerzo de talud; 5.718,27 para seguridad y salud, y 28.705,88 para varios. Al sumar el 5% de costes y gastos, la liquidación final se sitúa en 392.075,72 euros antes de IVA. La obra fue recepcionada el 3 de marzo de 2022.
El administrador ferroviario sostiene en ese informe incorporado a la causa que revisó el comparativo entre el presupuesto inicial y la liquidación final, el informe-propuesta de emergencia, el informe fin de obra, documentación adicional y aclaraciones de los responsables del contrato. Su conclusión es favorable a la justificación de la obra. “Los trabajos realizados han sido correctamente explicados”, afirma el documento. También añade que “las mediciones recogidas en la propuesta se corresponden con los trabajos ejecutados durante la obra de emergencia” y que la documentación justificativa aportada “se considera suficiente para respaldar las mismas”.
El documento de Adif, por tanto, avala desde el punto de vista técnico y documental la certificación final de la intervención. Pero su incorporación a la pieza separada del caso Koldo mantiene la obra asturiana dentro del perímetro de las pesquisas sobre contratos públicos: no porque la providencia judicial acredite irregularidades, sino porque la UCO ha recabado la documentación de una adjudicación que ya figuraba bajo sospecha en el relato investigador sobre las gestiones de Koldo García a favor de LIC.
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