La polémica promoción de vivienda protegida de Alicante, la única construida en los últimos 20 años, sigue dando de qué hablar en la capital de la provincia. Después de que INFORMACIÓN desvelara que la concejala de Urbanismo y dos hijos y un sobrino de una directora general del Ayuntamiento (ambas ya dimitidas) se encontraban entre los beneficiarios, Compromís reclama ahora que la Policía Local inspeccione los inmuebles bajo sospecha y apunta que podrían estar arrendados a terceros.
Los valencianistas creen que parte de la promoción podría haber sido ofertada en el mercado del alquiler y que algunos de los pisos se encontrarían vacíos, dos supuestos no autorizados al tratarse de viviendas de protección pública. Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Alicante que autorice a la Policía Local a comprobar, vivienda por vivienda, si los legítimos propietarios de cada inmueble son realmente quienes viven en él.
Al respecto, la formación solicita también a la empresa mixta de suministros Aguas de Alicante que contraste los datos de consumo en los pisos, con el objetivo de detectar posibles viviendas vacías, lo que tampoco permite la normativa autonómica.
«Aunque desde Compromís apuntamos a Luis Barcala como responsable directo e indirecto, el tiempo lo dirá, de esta presunta trama corrupta que emana de su gobierno, especialmente de Urbanismo», ha señalado el portavoz de los valencianistas, Rafa Mas. Por ello, Compromís insta al alcalde «a revisar hoy mismo piso a piso, las viviendas de protección pública, para comprobar si los propietarios viven allí, como marca la normativa» o «si se están alquilando, algo que sería ilegal».
Anuncio en Idealista de una vivienda en la promoción protegida, facilitado por Compromís. / Idealista
Las sospechas de la formación se fundamentan en la publicación de un anuncio en Idealista (ya retirado de la plataforma) en el que se ofertaba un piso de tres habitaciones en la sexta planta de la polémica promoción, por 1.600 euros al mes. «Si Barcala quiere investigar, que investigue, pero que no haga tantos aspavientos ni titulares ni vídeos. Que se ponga a investigar, aunque repetimos, desde Compromís, que pensamos que el responsable directo e indirecto es el alcalde», ha añadido Mas.
El Consell revisará la documentación
Por ahora, la Generalitat Valenciana ha anunciado que revisará, de nuevo, la documentación para comprobar si los adjudicatarios de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante cumplían los requisitos exigidos. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, avanzó este sábado que cotejará «todos y cada uno de los expedientes» de adjudicación de la promoción Les Naus, en La Condomina, para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido «manipulación» en el proceso.
Si se desvelasen irregularidades en el proceso, se podrían imponer sanciones que irían hasta los 30.000 euros, según refleja la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. Esa norma, actualizada por última vez en mayo de 2025, recoge una serie de infracciones, que van desde las leves a las muy graves, con su correspondiente sanción económica, que irían desde los 150 a los 30.000 euros.
Entre las infracciones que se recogen, y que podrían estar bajo lupa tras la polémica surgida, está el «acceso a viviendas de protección pública cuando se superen los límites de ingresos», que actualmente a nivel general están situados en torno a los 55.000 euros por núcleo familiar, al ser 6,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Dimisiones
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunció este viernes que renunciaba a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras la polémica surgida al desvelar este diario que ha sido una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por INFORMACIÓN de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó el pasado jueves su cargo de libre designación, por el mismo caso.
La edil Gómez, de baja por maternidad, anunció a través de un comunicado que dejaba el cargo al que accedió en julio de 2023, tras las últimas elecciones municipales, y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión. La concejala popular es propietaria de un piso, junto a su marido, en la polémica promoción de vivienda protegida, en la que también tienen propiedades otras personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante.
Según la nota de prensa del gobierno local, Gómez ha decidido apartarse del cargo «para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad».
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