En los procesos judiciales los momentos tienen tal relevancia que pueden determinar la concesión de una autorización o su denegación. El Senado acaba de ver cómo el Tribunal Supremo rechaza la citación que había cursado para interrogar al exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del caso Koldo, porque la premura con la que la instó en plenas navidades impidió consultar a las partes y realizar otros trámites necesarios, pero también por un antecedente que cita expresamente, aunque se trate de situaciones diametralmente dispares: la comisión del 155 del Parlament, a la que el Alto Tribunal vetó la asistencia de los líderes del ‘procés’ y a la que ‘plantaron’ los presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
En enero de 2019, cuando quedaban apenas un par de semanas para el inicio del juicio del ‘procés’, el Parlament citó a los líderes independentistas, que entonces estaban en prisión preventiva por su responsabilidad el 1-O. El Supremo se lo denegó y los ‘exconsellers’ no comparecieron ante los diputados catalanes hasta un año después, cuando ya cumplían las penas de entre nueve y 13 años impuestas por el alto tribunal por los delitos de sedición y malversación.
El juez Leopoldo Puente ha recurrido al auto que entonces dictó el tribunal presidido por Manuel Marchena para denegar la comparecencia, aunque las diferencias entre ambas comisiones van mucho más allá del hecho objetivo de que una se celebre en el Senado y la otra se realizara en el Parlament.
En su resolución, el magistrado recuerda que la obligatoriedad de las comparecencias en las comisiones de investigación desarrolladas por las Asambleas legislativas autonómicas, a diferencia de las de las Cortes, «no goza directamente de rango constitucional», aunque, en el caso del Parlament, el artículo 59.6 del Estatut las integre en el “bloque de constitucionalidad”.
Mariano Rajoy, en el pleno extraordinario celebrado en el Senado para aprobar aplicar el 155. / EFE / Chema Moya
El Supremo explicaba entonces que esa obligación de comparecer, prevista incluso para las personas que están en prisión preventiva, debe hacerse compatible «con los deberes derivados» del proceso penal. En el caso del ‘procés’ resultó determinante «la inminencia del inicio de las sesiones del juicio oral y el hecho evidente de que muchos de los aspectos sobre los que versaría la comparecencia ante la comisión parlamentaria están íntimamente ligados con los hechos objeto de acusación», lo que incrementaba el riesgo de que se produjesen «indeseadas interferencias entre la comparecencia ante la comisión y el derecho de defensa de los acusados en el acto del juicio oral«.
Comunicar al fiscal
Esa comisión se llevó a cabo por los partidos independentistas en la Cámara catalana como forma de protestar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, frenó el proceso secesionista iniciado con el 1-O. Y no acudieron a la cita, cuando fueron llamados, ni el propio Rajoy, ni su sucesor en La Moncloa, Pedro Sánchez. La Mesa de la Cámara llegó a plantearse comunicar el ‘plantón’ a la fiscalía para que tomara las medidas oportunas ante la incomparecencia. Tampoco acudieron los ministros del Gobierno del PP.
Ahora a la comisión del caso Koldo en el Senado están yendo todos los citados, incluidos los imputados en distintos procedimientos judiciales, que se limitan a intentar negarse a declarar, aunque a veces la insistencia de los senadores consigue que terminen respondiendo de alguna forma, al menos a los extremos más categóricos. El propio Ábalos compareció y su sucesor al frente de la Secretaría General del PSOE, Santos Cerdán, también. Este lo ha hecho dos veces, una antes de ser imputado y otra después. La primera, en su caso, le ha supuesto una nueva imputación por un delito de falso testimonio ante los juzgados de Instrucción madrileños por la que tendrá que declarar el próximo 5 de febrero.
Seguridad especial en el Congreso
El que también acudió a una comisión de investigación, en este caso en el Congreso, fue Mohamed Houli Chemlal, el único terrorista superviviente de la explosión de Alcanar (Tarragona) y que cumple una condena de 43 años de cárcel por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Lo hizo con esposas y con medidas de seguridad inéditas en la Cámara Baja.
Su citación, autorizada por el juez Central de Vigilancia Penitenciaria, obedeció a una petición de Junts y el comparececiente cumplió con las expectativas del grupo catalán, puesto que afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía conocimiento de las «intenciones» del que era iman de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, respecto de los atentados que preparaban y que la célula tranformó en los atropellos de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 al perder el explosivo que manipulaban en la explosión de Alcanar y la muerte de su líder.
A preguntas de los diputados terminó admitiendo que carece de pruebas de ello, salvo referencias de terceros, y que se trataba de una «conjetura» suya. En su intervención inicial había asegurado que el «CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán» y que el servicio de inteligencia permitió que «comiera la cabeza» a los jóvenes de Ripoll que formaron la célula.
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