Como es tradición, el Rey presidirá este jueves en el Tribunal Supremo la apertura de tribunales, un acto formal de carácter meramente institucional, pues los jueces españoles ya tomaron carrerilla con decisiones judiciales de gran trascendencia política desde principios de septiembre con la reanudación de la instrucción de sus causas respectivas a través de la toma de distintas declaraciones.
En los últimos días se ha conocido la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional que indaga en responsabilidades por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y han tenido lugar interrogatorios clave en investigaciones como la dirigida contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la trama Leire, además de una decisión del propio alto tribunal que supone paralizar los efectos electorales de una norma que deriva de la legislación sobre memoria democrática.
Como es habitual, Felipe VI declarará abierto el año judicial tras escuchar los discursos oficiales, que por primera vez en democracia serán leídos por dos mujeres, la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que se estrena en este acto.
Además de las causas de corrupción que se siguen instruyendo, los corrillos que tendrán lugar en el llamado salón de pasos perdidos del alto tribunal tras la finalización de estos discursos tendrán mucho que ver, previsiblemente, con la confrontación protagonizada por algunos miembros del gobierno en relación con decisiones judiciales de los últimos meses.
El propio Consejo salió al paso de las mismas, la última vez el pasado mes de junio, cuando reiteró la «la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial», frente a la «descalificación» desde «altas instituciones del Estado».
Todo ello en un año judicial en el que, tal y como ha informado este diario, el Consejo General del Poder Judicial acumulará hasta 6 nombramientos de magistrados en la sala clave contra la corrupción, la de lo Penal del Tribunal Supremo. Un amplio sector de vocales quiere esperar a las jubilaciones previstas en 2027 para negociar las designaciones en bloque, una postura que no es unitaria y augura nuevos roces en el seno del órgano de gobierno de los jueces.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, interviene durante su toma posesión como Fiscal General del Estado, en la Fiscalía General del Estado, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega – Europa Press
La resolución del conflicto institucional es algo que se asume como asignatura pendiente dentro del órgano de gobierno de los jueces, y así lo evidencia un escrito hecho público por los vocales del denominado sector progresista en el que reclaman que el discurso de su presidenta vaya más allá una mera exposición de cifras, avances organizativos y agravios con otras instituciones del Estado.
Respeto y colaboración
Para estos vocales, la situación de la justicia no puede resolverse mediante actuaciones aisladas ni a través de la confrontación permanente entre instituciones, por lo que es necesaria una colaboración «leal y respetuosa». «No hay independencia judicial sólida sin responsabilidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas y colaboración institucional«, según nueve de los progresistas, unos valores que previsiblemente serán aludidos por la presidenta Perelló durante su discurso ante el Rey de una forma u otra.
Este adelanto de la postura del grupo progresista ha causado «profundo malestar» en el sector conservador del Consejo, según ha podido conocer EL PERIÓDICO, dado que lo conocieron por la prensa y lo consideran una deslealtad. «La lealtad pasa por conocer el discurso de la presidenta y alinearse con él, con independencia de las aportaciones que se puedan realizar», añaden las mismas fuentes ven en este documento ‘la mano del ministro Bolaños’.
Los vocales progresistas parecían aludir con su propuesta a casos como el del instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, que acumuló quejas en este órgano –incluidas las del ministro de Justicia, Félix Bolaños– que al final quedaron en nada después de que este órgano las calificara de leves y pasara la ‘patata caliente’ al Tribunal Superior de Madrid, que las archivó pese a ver «poco afortunados» los comentarios del juez en sus autos en relación con el papel de los escoltas de la mujer de Sánchez y la posibilidad de que esta pudiera eludir la acción de la justicia.
Carta de Marlaska
Otro capítulo de este conflicto institucional lo ha protagonizado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, además es juez de carrera y fue vocal del CGPJ. Marlaska remitió una carta al Consejo en la que mostraba su «preocupación» por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de, según fuentes de Interior, «prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas».
La respuesta del órgano de Gobierno de los jueces no se hizo esperar y, a través de otra misiva, Perelló le recordó que desde el órgano tienen vedado corregir decisiones judiciales, para preservar la independencia judicial, y que «la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales», obligación «general para todos los ciudadanos».
Con estos antecedentes, la presidenta del Supremo podría también utilizar su discurso para salir en defensa de los jueces del alto tribunal, a los que el Gobierno ha responsabilizado de dictar la sentencia que impidió el retorno inmediato de los inmigrantes que entraron de forma masiva en Ceuta y de haber dejado en suspenso los efectos electorales de la ley de nietos, decisión cautelar, que el presidente del Gobierno ha vinculado con la amnistía, al fijarla como origen de las «discrepancia» con el alto tribunal.
Al acto asistirán los vocales del Consejo, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y sus magistrados y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales. También está prevista la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.
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