La jornada de este viernes en las Cortes Valencianas llevaba a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, a explicar su plan de trabajo para lo que resta de legislatura. Sin embargo, la responsable autonómica decidió dar la callada por respuesta cuando diputados de Compromís y del PSPV la invitaron a romper con la Cámara de Comercio de Alicante el convenio relativo a la subvención para el proyecto de las obras «ilegalizables» de la nueva sede.
Cano escuchó en dos ocasiones a representantes políticos de la oposición hablar sobre la polémica actuación de Carlos Baño en el puerto de Alicante. Las interpelaciones se produjeron después de que el Ayuntamiento de Alicante, en primer lugar, y la Autoridad Portuaria, este jueves, hayan hecho público que la entidad cameral deberá derribar la planta extra construida y que se encuentra fuera de ordenación y la apertura de un expediente sancionador a Digital Corner, la empresa gestora del centro Panoramis, donde se han llevado a cabo las obras.
«Pensaba que iba a anunciar que va a romper el convenio con la Cámara», empezó diciendo el diputado de Compromís Vicente Granel, quien ha recordado la reciente decisión de Urbanismo y ha añadido que la planta afectada por el derribo es el espacio donde estaba previsto el «despacho de señor diputado 96«, denominación con la que se refiere el grupo a Carlos Mazón por el asiento que ocupa en la Cámara autonómica. Para sugerirle después que «debería poner orden en esas comarcas alicantinas ahora que tiene más familia en el Consell», en referencia al nombramiento de Ángela Cano Lloret como directora general de Análisis y Estudios.
Por otra parte, el socialista Mario Villar ha intervenido en términos similares en esta cuestión. Al finalizar su primera intervención, el diputado le ha hecho una pregunta «extra»: «¿Tienen previsto seguir pagando con fondos públicos el palacete ilegal de la Cámara de Comercio de Alicante?». En las dos ocasiones que tuvo Cano para responder, la consellera no hizo mención alguna sobre el asunto.
Marián Cano, durante su intervención este viernes en las Cortes Valencianas. / José Cuéllar/ Corts Valencianes
Tampoco lo ha hecho hasta la fecha a pesar de que en diversas ocasiones se le ha pedido su valoración, en especial cuando el presidente de la entidad, Carlos Baño, comenzó una campaña de descalificaciones hacia el alcalde Luis Barcala y el área de Urbanismo. A la Conselleria de Comercio, le corresponde por ley la tutela de las cámaras de comercio y, por lo tanto, velar por el cumplimiento de sus obligaciones, si bien es cierto que la subvención nominativa aprobada para este proyecto cuelga de la Conselleria de Economía y Hacienda, ahora en manos de José Antonio Rovira.
La ayuda expresa para las obras de la nueva sede se aprobó en mayo de 2024, cuando Marián Cano no formaba parte del Gobierno autonómico, pero sí estaba en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio en su calidad de representante del sector del calzado.
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