El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado levantar de forma cautelar las penas de inhabilitación que aún siguen cumpliendo los condenados del ‘procés’, al considerar el Supremo que la malversación por la que se les impuso una pena de hasta 13 años de prisión (que se les levantó cuando fueron indultados) e inhabilitación entra dentro de las excepciones de la ley de amnistía.
Fuentes del Constitucional han señalado a EL PERIÓDICO que los 12 magistrados del pleno han rechazado las cautelares que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los ‘exconsellers’ Dolors Bassa y Raül Romeva habían incluido en sus recursos de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía al delito de prevaricación por el que fueron condenados.
La decisión, que iba a ser adoptada en el pleno anterior, se pospuso a este para poder resolver todas las cautelares en resoluciones más similares, ya que al corresponder a distintos ponentes (José María Macías, César Tolosa y el presidente, Cándido Conde-Pumpido) planteaban ciertas diferencias a la hora de defender sus argumentos, aunque la conclusión fuera el mismo: el rechazo de la solicitud planteada.
De esta forma todos ellos deberán cumplir la inhabilitación que les impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo al menos hasta que se resuelvan sus recursos de amparo de forma definitiva. Ello ya no se producirá hasta el próximo año, después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont recusara sin éxito a varios de los magistrados que debían pronunciarse, lo que dilató el calendario de impugnaciones con las que trabajaba el Constitucional.
El propio Puigdemont también solicitó que de forma cautelar se le levantara la orden de detención que tiene en vigor si vuelve a España. De esta forma pretendía adelantar el pronunciamiento del Constitucional sobre la medida impuesta para que no fuera necesaria esperar a la resolución del propio amparo.
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