Los sindicatos reclaman multas para las empresas que no comuniquen el salario a percibir en sus ofertas de trabajo. El Ministerio de Trabajo acelera en las negociaciones para tratar de acordar con patronal y centrales la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, con la intención de tener un acuerdo antes de finalizar el mes de julio. Las partes se han reunido este miércoles y los sindicatos han reclamado modificaciones respecto a la primera propuesta puesta encima de la mesa por el Gobierno, adelantada por EL PERIÓDICO.
CCOO y UGT piden que la nueva normativa incremente los mecanismos para garantizar el espíritu de la directiva europea y para ello consideran imprescindible explicitar las sanciones y facilitar las denuncias por parte de los trabajadores, dos cuestiones que exigen cambios normativos y que complican al Ministerio de Trabajo la tramitación de los mismos.
España va tarde en lo que respecta al cumplimiento con sus obligaciones con la Unión Europea. Desde el pasado 7 de junio que el Gobierno debería tener en vigor una batería de cambios para mejorar la información disponible en materia salarial en el seno de las empresas y así reducir, entre otros, la brecha de género. Por ejemplo, la primera propuesta del ministerio liderado por Yolanda Díaz contemplaba obligar a las compañías a establecer una lista de criterios objetivos para justificar un ascenso o una promoción salarial. Trabajo arrancó hace unas semanas las negociaciones con patronal y sindicatos y quiere imprimirles velocidad para poder corregir la demora cuanto antes y no exponerse a sanciones por parte de Bruselas.
Cambios en la LISOS
Para conseguir su apoyo, los sindicatos ya le han señalado a Trabajo la necesidad de mejorar la eficacia de las auditorías retributivas que toda empresa ya tiene la obligación de realizar cada cierto tiempo para saber si entre su plantilla existen diferencias sustanciales entre el salario que cobran hombres y mujeres, tanto dentro de las mismas categorías, como entre distintos equipos y posiciones.
Y un elemento clave, según han trasladado este miércoles los sindicatos al Gobierno es especificar a qué multas se exponen aquellas compañías que no cumplan con la nueva normativa o que, directamente, oculten información a sus empleados. Es decir, qué gravedad tendrá no publicitar el salario en las ofertas de empleo, negar dicha información durante las entrevistas de trabajo o negar peticiones a los empleados ya en plantilla sobre cuál es su salario y cuánto cobra, de media, alguien de su misma posición en la compañía.
Para modificar la normativa en materia de sanciones es imprescindible reformar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), lo que precisa una mayoría en el Congreso de los Diputados que ahora mismo el Gobierno no tiene, ni mucho menos, asegurada. Otros cambios que obliga a introducir la directiva sí pueden vehicularse a través de reformas reglamentarias, lo que permite al Ministerio evitar pasar por la cámara baja y actuar por su cuenta.
«Hemos insistido en que es necesario que, a pesar de que estamos fuera de plazo de transposición, se haga una transposición completa de todas las materias. Es una directiva vital para que los elementos normativos de igualdad retributiva que ya tenemos en nuestras normas se conviertan realmente en una igualdad sanarial entre mujeres y hombres. Y, por tanto, por la vía de un real decreto solo se pueden transponer algunas materias de desarrollo reglamentario en línea con la transparencia retributiva», ha afirmado la adjunta de la secretaría de Acción Sindical de CCOO, Cristina Torre.
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