En el año 2007 Canarias aprobó su propia ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias como una modificación del texto normativo de 1997 dedicado a la Coordinación de las Policías Locales. Una legislación que solo consta de quince artículos que, como considera la propia Consejería de Política Territorial que pilota Manuel Miranda, «recogen superficialmente, de forma extremadamente sucinta y a todas luces insuficiente, los principios básicos del sistema», tales como los objetivos, las competencias de los diferentes órganos de la Administración pública, los planes de emergencia y las actuaciones básicas.
Dieciocho años después, el consejero Miranda, a través de la Dirección General de Emergencias que dirige Fernando Figuereo, ha puesto en marcha un proceso participativo para consultar a la ciudadanía, agentes de los cuerpos policiales y a los expertos en protección civil los contenidos de la futura ley, cuyo objetivo es «establecer un sistema único, integral y coordinado de protección civil y atención a las emergencias» de Canarias que incluya «todas las administraciones públicas canarias, con participación de entidades privadas y la ciudadanía e interrelacionado con el sistema canario de seguridad pública».
El texto se articulará sobre la base del «principio de dirección única respecto de las actuaciones operativas de protección civil, con dependencia funcional de las personas responsables que ostenten la dirección del plan activado», motivo por el que se considera esencial conocer las sugerencias de los principales actores durante una emergencia, con especial incidencia en la población afectada.
Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal / E.D. / L.P.
Censo municipal de personas vulnerables
Por ello, la consejería plantea preguntas como «¿creen que facilitaría la respuesta a la emergencia si cada municipio tuviese localizadas a las personas especialmente vulnerables» o «¿cómo incorporar protocolos específicos para la evacuación y asistencia de personas con discapacidad?», sin olvidar la que hace referencia a «¿qué medidas deben implementarse para garantizar la atención social, psicológica y económica a la población afectada?»
Otras cuestiones que se plantean son si la población tiene suficiente información y formación en materia de autoprotección ante emergencias y si existe conciencia social o qué cambios normativos son necesarios para fortalecer la autoprotección y de qué manera puede aprovecharse la tecnología –aplicaciones y redes sociales– para fortalecer la autoprotección.
Protocolos para turistas
También es interesante, a raíz de los cruceristas que fallecieron ahogados el 8 de noviembre en Puerto de la Cruz, conocer si es necesario incorporar protocolos de información a la población turística en caso de alguna emergencia.
Hasta el momento se han celebrado cinco reuniones públicas (La Gomera, El HierroGran CanariaLa Palma y Tenerife) a las que han asistido 131 participantes –más la docena de personas del equipo de Gesplan que coordina todo el proceso– provenientes de los servicios de Protección Civil insulares y municipales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, Policías locales, personal del Gobierno de Canarias y técnicos de todas las administraciones públicas.
Foto de satélite de la tormenta tropical ‘Delta’ el 28 de noviembre de 2025 sobre Canarias / E.D. / L.P.
Fenómenos adversos específicos
La próxima semana Política Territorial cerrará esta colaboración con la ciudadanía en Lanzarotey Fuerteventura, por lo que creen que un total de 200 personas habrán aportado al final de esta consulta las diferentes necesidades y singularidades de las islas.
En el fondo , se busca adecuar un modelo de protección civil y gestión de las emergencias «a la realidad de un territorio archipielágico, de naturaleza volcánica y expuesto a fenómenos adversos específicos provenientes de su condición Atlántica, lo que lo hace singular frente a los continentales», pues, como aseguran desde el equipo de la Consejería de Política Territorial, «en la Península es muy poco probable que se afronte la erupción de un volcán como el Tajoigate en 2021 o los efectos de una tormenta tropical como la Delta» en noviembre de 2005.
Hacia la creación de la Agencia de Emergencias
Muy pocas veces en el parlamentarismo canario una proposición no legislativa que, por su condición, no tiene carácter vinculante para el Gobierno canario y solo se convierte en una mera recomendación, termina siendo una realidad. Ha pasado con la Agencia Canarias de Emergencias (ACE), un organismo supeditado de forma directa a la futura ley del sistema de protección civil que ya tiene consignados en el proyecto presupuestario del próximo año 500.000 euros para su creación.
La propuesta partió de NC-Bc y contó en noviembre de 2024 con el respaldo de todo el arco parlamentario salvo Vox, partido que consideró que en situaciones de emergencias las competencias deben ser asumidas por las autoridades estatales y no por las autonómicas. Para los canaristas, y así lo asumieron los grupos parlamentarios ajenos a los planteamientos centralizadores de la derecha más extrema, t ras las riadas que sufrió Santa Cruz Tenerife en 2002, 2010 y 2014, la tormenta tropical Delta de 2005, la pandemia de 2020, la erupción del volcán Tajogaite en 2021 y varios grandes incendios forestales es el momento de «repensar el modelo de gestión de las emergencias para salvar vidas, pues el vigente necesita ser actualizado».
Suscríbete para seguir leyendo
