Una cumbre del clima sin la presencia en Belem (Brasil) de los jefes de los dos Estados más contaminantes del planeta -Xi Jinping (China) y Donald Trump (EEUU)- augura pocos avances. Máxime cuando sobre todo el segundo mantiene una ofensiva político-económica directa contra la desfosilización del planeta, favoreciendo la continuación de la extracción de petróleo y gas y blindando las centrales nucleares y el fracking. El segundo es algo más discreto, pues la superpotencia asiática está consiguiendo récords de producción de energía renovable, con un crecimiento del 23% interanual, aunque aún no renuncia al uso de las fósiles y tampoco está dispuesta a aceptar acuerdos que limiten su desarrollo económico.
En todo caso, la República Popular consiguió el año pasado casi el 40% de su crecimiento económico gracias a tecnologías limpias, aunque las renovables solo constituyen un 10% de toda su economía, por lo que la que parece constituirse a pasos agigantados como la nueva gran potencia mundial está lejos de que su mix energético se acerque al calificativo de ‘verde’.
En este escenario, la COP-30 que se celebra en la Amazonia brasileña ofrece escasas esperanzas de que las políticas mundiales giren cualitativa y cuantitativamente hacia las energías renovables, puesto que incluso grandes economías europeas, como Alemania e Italia, se están replanteando la vuelta a la nuclear, Reino Unido apuesta fuerte por ella y Francia está manclada estratégicamente en esa energía supuestamente no contaminante.
El futuro a corto y medio plazo es complejo en tanto en cuanto importantes estados, como India o Brasil, reiteran en Belem su postura de exigir a los países más desarrollados mayor financiación internacional para adaptar sus economías a las renovables y que se ejecute así una transición energética justa. En concreto, India viene señalando la imposibilidad de descarbonizar su estructura productiva sin ayuda financiera exterior.
Algunos de esos países han expresado quejas de que no se ha cumplido el acuerdo del año pasado en la COP-29 de Bakú (Azerbaiyán) para que los países más desarrollados y las instituciones financieras internacionales movilizaran 100.000 millones de dólares para contribuir a la producción de energías renovables en países emergentes. Por eso suena a música celestial que en la COP-30 se haya planteado extraoficialmente la posibilidad de triplicar ese montante.
Frente a que el calentamiento global prosigue y las alarmas estén permanentemente encendidas, se baraja la idea de que la desfosilización de la producción energética tiene un impulso notable en la conciencia ciudadana y en buena parte de la clase política mundial, ambas cada vez más alerta ante los perjuicios que originan los fenómenos meteorológicos adversos debidos, ya indudablemente, a la crisis climática provocada por el calentamiento global.
Por eso, en Belem se confía en acabar la COP-30 con una victoria cuanto menos moral frente la internacional negacionista cuyo líder máximo, el campeón de la hidroxicloroquina sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, se encuentra a sus anchas rodeado de empresarios amigos que aplauden frenéticamente cuando hace gala de su finura intelectual opinando que «el cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada».
Sin embargo, será un triunfo pírrico mientras que no se consiga de alguna manera que se dediquen aquellos 100.000 millones de dólares acordados en Bakú para «limpiar» las producciones energéticas de países dispuestos a hacerlo —como Brasil, India o Sudáfrica, especialmente—, pero faltos de recursos financieros para la transformación.
La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Así, hay que tener también en cuenta que, según recalcó en Belem el actual gobernador de California Gavin Newson, en EE UU se acaba de constituir la Alianza Climática, de la que forman parte 24 gobernadores demócratas y republicanos de otros tantos Estados dispuestos a ejecutar la «agenda verde», con «fuerte apoyo de nuestros ciudadanos» y colaborando «estrechamente con el sector empresarial». Sea.
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