La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido al tribunal que inste al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la «reparación integral» del exjuez Baltasar Garzón al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al condenarle a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el ‘caso Gürtel’.
En un escrito, el fiscal Manuel Campoy solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se condene a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» de Garzón y a «adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
En concreto, lo que requiere la Fiscalía es que se impulse «la elaboración de los proyectos normativos pertinentes, que establezcan las medidas necesarias, para garantizar con proyección de generalidad, en los supuestos de enjuiciamiento, de modo efectivo y en lo sucesivo la razonable apariencia de imparcialidad, la revisión por un tribunal superior, y la existencia de provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida».
Además, el Ministerio Público también pide que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2021 que concluyó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena y la pena del exmagistrado cuando le condenó a la citada inhabilitación.
Solicita que se le indemnice
De igual forma, la Fiscalía insta a que «se declare no ser conforme a Derecho la desestimación por silencio administrativo por la Administración Pública demandada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la solicitud presentada por el demandante sobre cumplimiento e implementación del dictamen».
Pide, además, que «se acuerde la condena de la Administración Pública demandada al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante o, subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan».
El fiscal considera que, «sin que conste causa justificada», la Administración Pública ha incumplido con «la obligación de proporcionar al demandante un recurso efectivo, que requiere una reparación integral», que consiste en la aplicación de las medidas solicitadas.
El dictamen de Naciones Unidas
En el citado dictamen, el Comité consideraba que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo –por el que fue absuelto– y Gürtel», por lo que acordó que España compensara al exmagistrado por el daño causado.
Además, reprochó la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos ‘Franquismo’ y ‘Gürtel’ fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.
Según el dictamen, «el Estado parte tiene la obligación» de «borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido». Asimismo, «tiene la obligación» de proporcionar al exjuez un recurso efectivo. El Comité indicó en 2021 que España «tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
