Europa no se ha llenado de odio. Se ha vaciado de respuestas. En casi todo el continente, algo se ha quebrado entre el ciudadano y el poder político. No se trata de una lucha ideológica ni de una disputa económica. Es una ruptura más profunda: la del contrato implícito entre el ciudadano y el Estado, entre quienes confían su bienestar a las instituciones y quienes deberían garantizarlo. Mientras los discursos oficiales invocan solidaridad, acogida y diversidad, millones de europeos miran a su alrededor y no reconocen ya el paisaje de su propia vida cotidiana.
Los campamentos ilegales, por ejemplo, proliferan en capitales como París, Roma, Dublín o Londres. Se levantan en parques, plazas, estaciones; crecen a plena luz del día y durante semanas –o incluso meses– las autoridades observan sin intervenir, atrapadas entre competencias solapadas, códigos diluidos y una parálisis política cada vez más costosa. Cuando por fin se desmontan –si llega a ocurrir– los asentamientos simplemente se trasladan unas calles más allá, como si el problema fuera una sombra que nadie quiere mirar de frente.
Estos escenarios no ocurren solo en los márgenes. Aparecen también en zonas residenciales, en enclaves históricos, en barrios turísticos. No reflejan únicamente una realidad social compleja: son el espejo de un fracaso institucional. La policía asegura no poder actuar sin autorización. Los ayuntamientos se remiten al gobierno central. Este último lanza campañas públicas llenas de buenas intenciones, pero vacías de eficacia. Y entre todos, lo único que consiguen es que el ciudadano se sienta absolutamente solo.
Este fenómeno, que algunos prefieren ignorar, no es un invento de los extremos. Es una realidad tangible. Y es esa realidad la que alimenta el hartazgo, la frustración y, cada vez más, un voto de castigo. Así crecen partidos como Reform UK en el Reino Unido, Vox en España, AfD en Alemania o Reconquête en Francia. En Países Bajos, el ultraconservador Geert Wilders ha logrado posicionarse como fuerza dominante. En Francia, Marine Le Pen acecha la presidencia como opción viable. Incluso en Italia, Giorgia Meloni –ya desde el poder– ha optado por endurecer aún más la política migratoria, con medidas que hace solo unos años habrían sido impensables desde una institución europea. No estamos ante una oleada de extremismo, sino ante la respuesta de una ciudadanía que ya no distingue entre incompetencia e indiferencia.
No es por excelencia programática por lo que crecen, sino porque han sabido ocupar el silencio de quienes ya no se atreven a hablar claro. Y tampoco se trata de rechazar la inmigración legal ni de negar el valor de acoger a quien huye del horror. Se trata, más bien, de distinguir lo que se construye de lo que se impone. Lo que se integra de lo que irrumpe. Lo legal de lo que, a fuerza de repetirse, se ha convertido en costumbre al margen de la ley.
Las cifras lo confirman. Según Eurostat, la Unión Europea emitió más de 120.000 órdenes de expulsión en el primer trimestre de 2025. Menos del 23 % de ellas se ejecutaron. El resto queda atrapado en un limbo administrativo, mientras miles de personas sin papeles –sin derechos, sin deberes, sin posibilidades reales de integración– viven de forma paralela, invisibles e impunes. En el Reino Unido, de acuerdo con datos del «Financial Times» y Reuters, más de 20.000 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones durante los primeros seis meses del año: un récord histórico.
Frente a esto, los gobiernos reaccionan con comunicados, promesas abstractas y lenguaje anestesiado. El ciudadano, en cambio, responde con miedo, indignación y una creciente sensación de abandono. Porque siente —y con razón— que la ley ya no lo ampara, que su entorno se degrada, que quienes tienen el poder de actuar han decidido no hacerlo.
Y mientras se multiplican las declaraciones sobre dignidad y humanidad, una pregunta queda flotando en el aire: ¿dónde queda la dignidad del que cumple? ¿Quién defiende al ciudadano respetuoso, al trabajador honesto, a la familia que ve cómo su barrio se convierte en un territorio que ya no controla?
En países que muchos no consideran democracias ejemplares, este tipo de situaciones no se toleran. Y no porque haya una sensibilidad superior, sino porque hay reglas claras. Si alguien ocupa ilegalmente un edificio, lo desalojan. Si alguien invade un espacio público, lo retiran. Sin eufemismos. Sin pedir disculpas por aplicar la ley. Pero Europa, atrapada entre el miedo a parecer dura y la incapacidad de ofrecer soluciones estructurales, ha transformado la empatía en parálisis. Y lo que era sensibilidad se ha convertido en inacción. Lo que era inclusión se ha degradado en caos.
No hacen falta muros, ni renunciar a los valores que nos definen. Lo urgente es devolverle sentido al Estado de derecho. Restablecer el vínculo entre deber y derecho. Entender que sin orden no hay justicia, sin ley no hay libertad, y sin control no hay convivencia posible.
Europa no gira a la derecha. Europa se cansa. Y si quienes gobiernan siguen sin ofrecer respuestas, no se extrañen cuando las urnas hablen por sí solas. No será por ideología. Será por abandono. Porque el hartazgo también vota.
Suscríbete para seguir leyendo
